El presidente Mariano Rajoy no está "preparado" para que las víctimas de ETA se manifiesten contra el Gobierno del PP. El jefe del Ejecutivo asegura que no hay "ningún motivo" para ello, pero el Plan de Reinserción de presos propuesto desde La Moncloa ha alterado el status quo imperante. "Nunca se negociado ni se va a negociar" con la banda, no hay "ningún compromiso", se afana en dejar claro la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo critican este proyecto, los presos advierten de que sólo darán "pasos" cuando cese "el chantaje" y los verificadores internacionales urgen a Rajoy al diálogo, pese a que Interior afirma no necesitarles. Pero, ¿es posible la reinsercción de presos etarras?
El "perdón" se erige como uno de los mayores obstáculos del camino. El Gobierno se atrinchera así en la necesidad de que los terroristas "hagan una declaración pública, firme y solemne de que deciden abandonar la organización" y en "tratamientos penitenciarios individualizados" en el marco de la ley penitenciaria, descartando así una posible amnistía.
'Lo siento mucho'
Sin embargo, las asociaciones de víctimas quieren más, quieren disculpas. Este perdón no es un requisito para entrar en el programa del Gobierno, pero sí para obtener beneficios penitenciarios como el tercer grado. El plan, además, establece que deberá ser "el autor material o el cooperador directo", algo que no ocurre en la actualidad.
El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero ya apostó por esta vía en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde se agrupan los presos desvinculados de su pasado criminal. No obstante, el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, puso coto temporal a esta práctica, aunque el Ministerio volvió a abrir la puerta con posterioridad.
Este mismo viernes, la Comisión de Verificación Internacional aseguró que la banda está "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso".
Estos mediadores apreciaron el Plan como un "primer paso" y pidieron más, tras reunirse con agentes políticos y sociales (PSOE, PNV, izquierda abertzale e Iglesia entre ellos). Interior, sin embargo, se apresuró a mostrar su fortaleza, al señalar que ha sido la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes han derrotado a ETA. "No necesitamos mediadores", señalaron desde el ministerio.
El colectivo de presos de ETA (EPPK), en la misma línea, también sacó pecho. Los duros de la banda señalaban en Gara que cualquier programa que "tenga como base" el binomio "arrepentimiento-delación, nace muerto y estéril".
Mientras tanto, la nueva 'vía Nanclares' sigue su recorrido. De esta forma, las primeras libertades condicionales a reos arrepentidos comienzan a concederse.
Este mismo lunes, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha acordado la libertad condicional de Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, clasificados en tercer grado penitenciario desde los meses de octubre y febrero, respectivamente.
Esta apuesta, cristalizada en 2008, aplica los requisitos fijados por la reforma legal aprobada en 2003 (la Ley Orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas) a los presos que rechazan la violencia.
Así, prisiones como Villabona (Asturias), El Dueso (Cantabria), Zuera (Zaragoza) y Martutene (Guipúzcoa) han acogido a los etarras arrepentidos.
A favor, en contra
Aunque Rajoy asegura que este proyecto no disminuirá la intensidad de la lucha antiterrorista, voces a favor y en contra se han alzado en el último mes.
Tanto Interior central como el vasco han subrayado los puntos fuertes de este plan. Así, el ministro Jorge Fernández Díaz asegura que esta estrategia es "la que más debilita a ETA en estos momentos", mientras que el consejero Rodolfo Ares lo consideró positiva.
Por su parte, los jueces de la Audiencia Nacional (el tribunal especial que juzga el terrorismo) considera que la dispersión de presos ya "no tiene sentido" con el "nuevo escenario" abierto tras el cese de la violencia anunciado por la banda terrorista hace seis meses. El Ejecutivo tiene "plena legitimidad" para diseñar la política penitenciaria, recalcan estas fuentes.
Esta política, pergeñada por los socialistas Enrique Múgica y Antoni Asunción, se estableció a finales de los 80. Hasta ese momento, los etarras presos cumplían condena fundamentalmente en los centros penitenciarios de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcalá-Meco (Madrid), mientras que las mujeres se agrupaban en la cárcel de Carabanchel, que por este motivo llegó a ser conocida por el sobrenombre de Herrerita. Sin embargo, la llegada del PP a La Moncloa coincidió con una etapa de concesiones.
Representantes de las víctimas, como Ángeles Pedraza o Francisco José Alcaraz, políticos del ala dura del PP como Jaime Mayor Oreja y la líder de UPyD, Rosa Díez, se han quejado de esta dinámica. "Ningún plan puede pasar por la humillación de las víctimas", apuntó la eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril.
El imperio de la ley
La norma española, garantista y generosa a este respecto, no es una "debilidad, sino una fortaleza de un Estado de Derecho que ha ganado a la banda terrorista", en opinión de Patxi López (PSOE), el lehendakari vasco.
La Constitución de 1978 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por socialistas y populares en 2000 y línea roja de muchas víctimas, también reconocen esta figura.
De este modo, la reinserción ha sido una de las claves en las negociaciones con ETA desde la Transición. Como muestra un botón: allá por el año 1981, el ministro de Interior con Adolfo Suárez, Juan José Rosón, ya aceptó un Plan de Reinserción Social para los etarras que no tuviesen delitos de sangre y los exiliados.
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