¿Un sistema electoral proporcional es sinónimo de mayor justicia política? Sí y no, al menos según la Fundación Alternativas, el think tank del PSOE. Según esta organización vinculada al socialismo, una mayor proporcionalidad en el sistema electoral genera "una mejora en la democracia" pero tiene efectos negativos sobre "la gobernabilidad y el control de los políticos".
Incluso Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Carta Magna y vinculado al partido de la rosa, apuesta por remozar en la Constitución en este sentido. En un artículo titulado Retoques necesarios, publicado en la revista Números rojos, apuesta por un plan para aumentar los escaños de PSOE, PP e IU y equilibrar así "las fuerzas con más justicia".
En concreto, Peces-Barba quiere aumentar el número de diputados de 350 a 400, distribuyendo su reparto entre las circunscripciones más pobladas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Málaga, Valladolid, Coruña y Alicante).
La Fundación, por su parte, se cuestiona si "una representación más proporcional significa mejor representación", espoleado por el "No nos representan" del movimiento 15M. En esta línea, recalca que "los gobiernos de coalición son más probables bajo un sistema electoral proporcional", lo que provoca gobiernos "menos estables que los mayoritarios": en las negociaciones a la hora de formar gobierno "pueden hacer que un partido que ha perdido las elecciones acabe en el gobierno y que otro que ha ganado en escaños pueda no gobernar", casos que recuerdan a los posibles pactos en Andalucía y Asturias tras el 25-M.
"De esta manera, la correspondencia entre lo que prefiere la mayoría y la formación del gobierno se debilita. En definitiva, la proporcionalidad erosiona la capacidad de los ciudadanos de expulsar a los gobernantes del poder", sentencia.
El PSOE, partido del que bebe Alternativas, critico al principio este sistema, pero lo asumió luego, a partir de 1982, una vez comprobado que también le servía para alcanzar cómodas mayorías absolutas.
Esta renuencia, compartida también por el PP, impide los cambios de forma efectiva. Como muestra un botón: el Consejo de Estado ya advirtió hace cuatro años que había "escasas o nulas" probabilidades de cambio, porque los dos partidos necesarios (considerando que hace falta una mayoría consolidada de tres quintos), PP y PSOE, no tienen interés, al salir beneficiados de este status quo.
Desde Soria hasta Madrid
En cualquier caso, grandes estratos de la ciudadanía reclaman un sistema más proporcional: esta exigencia es clamor entre los votantes de IU y UPyD, aunque también hay nichos dentro de los partidos beneficiados (PP, PSOE y los nacionalistas) que le dan su apoyo.
En concreto, los críticos reprochan que los votos valgan distinto según donde se emitan y que el sistema castiga a los partidos pequeños y medianos de implantación nacional. ¿Tiene sentido que un voto en Soria valga cinco veces más que en Madrid?, inquieren.
Pero, ¿cómo es nuestro sistema? Un decreto ley de 1977 establece como circunscripción electoral la provincia, sitúa el umbral barrera en el 3%, fija un mínimo de dos diputados en cada una y consagra la fórmula D'Hont de reparto de escaños. Establecido constitucionalmente y luego recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en 1985, prima a los grandes partidos y sobrerrepresenta al mundo rural, además de contentar a los nacionalistas y facilitar la Transición postfranquista.
¿Listas abiertas o cerradas?
El Informe sobre la democracia en España 2012 de Alternativas señala que las listas cerradas y bloqueadas "debilita la relación entre representantes y representados", si bien es cierto que un sistema abierto puede "incrementar la corrupción al otorgar más poder a grupos de presión para los que puede salir relativamente 'barato' manipular la selección de candidatos en las listas".
De hecho, Alternativas apuesta por "fórmulas intermedias" que moderen "el impacto de los grupos de presión": listas "parcialmente abiertas donde la lista proporcionada por el partido sólo puede ser cambiada por un porcentaje de los votantes".
"La selección de candidatos por parte de los ciudadanos" puede ser "incompatible con un sistema muy proporcional que favorezca la representatividad de los partidos pequeños", sentencia.
IU y UPyD salen perjudicados
