El Gobierno valenciano considera que la creación de una ley que regule la percepción de regalos por parte de autoridades, funcionarios o empleados públicos de la Generalitat no es necesaria puesto que pretende "regular una serie de conductas que ya están exhaustivamente reguladas".
Así lo recoge el criterio del Consell contrario a que se tramite una proposición de ley del grupo Compromís de las Cortes valencianas, que pide regular el régimen de los obsequios y registrar los regalos y atenciones protocolarias.
Contraria a los "usos y costumbres"
El Consell dice que la proposición parte de la premisa "totalmente errónea" de que la regulación sobre esta materia recogida en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal "es breve y puede chocar con los usos y costumbres".
Por contra, el criterio del Gobierno valenciano apunta a que el Código Penal contiene "una amplia previsión" de las posibles conductas que pueden conllevar un delito por parte de las autoridades o empleados públicos que reciben u ofrecen obsequios, favores o retribuciones.
Además, el Consell considera que los usos sociales y de cortesía son "conceptos jurídicos indeterminados" que se utilizan "precisamente para evitar la reglamentación".
El Gobierno valenciano también recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público dice que se rechazará "cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía".
El Conselll quiere un código de conducta
El Consell destaca que la Ley de función pública valenciana "no es ajena a la necesidad de regular un código de conducta para su personal" e incluye "un conjunto de derechos y deberes y una reglas deontológicas".
Entre ellas, no aceptar ningún trato de favor, rechazar cualquier tipo de regalo o servicio, no influir con su actuación en la agilización o resolución de trámites administrativos sin justificación y, en ningún caso, cuando comporte un privilegio en beneficio del cargo o empleado público.
Por último, el criterio del Consell es contrario a la proposición porque su aplicación "puede comportar un incremento del gasto" en el ejercicio en el que eventualmente se pusiera en marcha.
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