Política

Sor María, sobre los niños robados: "Me repugna en lo más hondo de mi ser"

La religiosa María Gómez Valbuena, sor María, que hoy se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de Madrid que investiga la causa de los "niños robados", ha asegurado que son completamente falsos los hechos que se le imputan y que le "repugna" la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.

Así lo ha expresado la monja en una carta abierta a la opinión pública, remitida, en la que expresa sus disculpas si no ha sabido "atender correctamente" a los medios de comunicación, tras comparecer hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que ha mantenido su imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", señala la religiosa en la carta.

Tras explicar que ha dedicado toda su "larga vida" a ayudar a los más necesitados de manera desinteresada y en cumplimiento de sus profundas convicciones religiosas, la monja, que acaba de cumplir 87 años, traslada su agradecimiento "de corazón" a todas las personas e instituciones que la han apoyado con muestras de afecto, respeto y consideración.

Por último, María Gómez Valbuena, a la que María Luisa Torres acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, indica en la misiva que espera que la situación por la que está pasando "se resuelva a la mayor brevedad".

Sigue imputada

El juez Adolfo Carretero mantiene imputada, por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, a la religiosa María Gómez Valbuena, sor María, que hoy se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado que instruye uno de los casos de los llamados niñios robados. Además se continua con la investigación y la practica de nuevas diligencias, y mañana mismo tomará declaración en calidad de testigos a los padres adoptivos de Pilar, la supuesta "niña robada" en este caso.

Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al Juzgado poco después de las ocho de la mañana acompañada por otra monja de la congregación.

¿Quién es?

Sor María, que tiene cerca de 80 años y vive en un convento de las hermanas de la Caridad en Madrid, es la primera imputada que declara ante el juez después de que el magistrado recibiera la denuncia de la Fiscalía de Madrid sobre el caso de María Luisa Torres, una madre que acusa a la monja de haberle arrebatado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la clínica madrileña Santa Cristina.

La religiosa trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

El pasado día 3 María Luisa Torres, que declaró como testigo ante el juez, ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto.

Reunión con el Gobierno

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apoyado a los familiares y ha asegurado que "el Gobierno no va a desfallecer", compartimos el dolor de las víctimas y va a llegar hasta donde se pueda llegar, y lo vamos a hacer coordinados con las asociaciones".

"El Gobierno entiende que se trata de un asunto en el que somos conscientes de que los poderes públicos tenemos que dar toda nuestar ayuda a unos hechos que son sin duda un drama humano. Tenemos la obligación de aportar todo aquello que podamos hacer para intentar resolverlo. La voluntad del Gobierno es hablar con todas y cada una de las asociaciones que mantengan estructuras e intereses de mantener contacto con el Ejecutivo", ha asegurado.

Éstas declaraciones se enmarcan dentro de la reunión que las asociaciones de afectados por los casos de "niños robados" entre las asociaciones y los ministros del Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además de con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

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