El Gobierno de Mariano Rajoy se siente abandonado por el Banco Central Europeo (BCE) y por la Comisión Europea en sus horas más difíciles desde que llegó a la Moncloa.
. El acoso de los mercados a España la semana pasada desoyendo los Presupuestos más restrictivos de la democracia no ha hecho sino poner de manifiesto la falta de apoyo que España tiene en la institución monetaria y en Bruselas, sin importar que el propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haya reconocido que la alternativa a las Cuentas Públicas presentadas es la intervención exterior.
El presidente del BCE, Mario Draghi, lejos de mover ficha con nuevas inyecciones de liquidez, reclamó más reformas a España el día después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desglosara un ajuste de 27.300 millones de euros. Entretanto, el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, pidió la aplicación inmediata de los Presupuestos para que "sus efectos" se noten cuanto antes. Declaraciones que han generado la indignación del Ejecutivo, según fuentes cercanas a Moncloa.
También desde Bruselas se ha cuestionado en las últimas horas que el Ejecutivo no haya optado finalmente por la subida del IVA, sino por medidas con una recaudación más incierta como la amnistía fiscal, y no descartan que Madrid se vea obligado a aumentar este impuesto antes de finalizar el año.
Ante esta situación, Rajoy reaccionó ayer reuniendo a su equipo económico -la vicepresidenta y los ministros de Economía y Hacienda- para buscar la fórmula con la que apaciguar la apertura hoy de los mercados, que ayer cerraron pero que, el jueves, situaron la prima de riesgo por encima de los 400 puntos básicos y llevaron al Ibex 35 a los niveles del pasado septiembre.
Como antídoto ante una situación económica que en el Gobierno repiten que es "crítica", Moncloa cuantificó por escrito un ajuste de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Lo hizo en una nota de prensa en la que se adelantaba además que Rajoy también se reunió ayer con los ministros de Sanidad y Educación, Ana Mato, y José Ignacio Wert, y en la que, sin dar detalles, se fijaba un calendario de acción: el Gobierno quiere que la "eficiencia de la gestión de los grandes servicios públicos" se ponga en marcha "este mes". Fuentes de Moncloa insistieron después en que se trata de un recorte, de carácter anual, y adicional a los Presupuestos Generales del Estado.
El ajuste de los 10.000 millones no es nuevo, pero el Gobierno sí cifró ayer que sanidad y educación se comerán el grueso del recorte de más de 15.000 millones que tienen que realizar este año las autonomías para poder reducir su déficit público del 2,9 por ciento en 2011 al 1,5 por ciento este año, según lo comprometido con Bruselas.
Sin tanto revuelo y a modo de estimación, por la mañana, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró en Onda Cero que las comunidades ya se han comprometido a ahorrar 10.000 millones en los planes de saneamiento que hoy está estudiando el Gobierno.
En el comunicado, Moncloa adelanta que dentro del calendario de reformas del Gobierno "para las próximas semanas" se incluirán privatizaciones y reformas destinadas a la racionalización de los costes y la mejora de la competitividad. Igualmente, el Ejecutivo insiste en que ha decidido "proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del sector público".
La nota del Gobierno llegó en medio de la confusión por las declaraciones del titular de Economía, Luis de Guindos, que por la mañana abogó por abrir el debate de "la progresividad" para que las rentas altas paguen en Sanidad, lo que fue desmentido después por Génova.
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El Gobierno aplica recortes urgentes en Educación y Sanidad 
