El ministerio del Interior hace hoy efectiva la reducción del 55% del número de escoltas privados que tiene contratados en el País Vasco y Navarra para proteger a personas amenazadas por ETA. Una medida que supondrá un ahorro de treinta millones de euros en tres meses.
La reducción se va a traducir en que los concejales que llevaban servicio de protección asignado por el ministerio van a pasar de dos escoltas por persona a uno, según ha informado la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra.
Según esta asociación, las empresas que prestan este servicio de escoltas privados han despedido en los últimos días a 425 escoltas privados, al reducir de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central.
Se trata del primer recorte en los escoltas dependientes del ministerio y se produce cinco meses después de que el pasado 20 de octubre ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista.
Una alternativa
El ministerio del Interior ha han ofrecido a las empresas en las que prestan sus servicios estos escoltas a partir de mañana en paro trabajar en la seguridad exterior de los centros penitenciarios de toda España para colaborar en las tareas de vigilancia propias de la Policía Nacional y Guardia Civil.
El Gobierno Vasco, que también paga parte del servicio de escoltas, ya bajó a la mitad el 1 de septiembre pasado las escoltas de los cargos públicos elegidos en las últimas elecciones locales de hace un año.
Además, se suprimió la protección de quienes dejaron de ser ediles tras esas elecciones, con excepciones.
'Kale borroka'
El presidente de la Asociación de Escoltas del País Vasco y Navarra, Santiago Fontela, cree que hay que mantener "la precaución" porque, en los últimos días, se ha comprobado que persiste la kale borroka. Además, se ha mostrado esperanzado en que desde el Ministerio se les dé "salida laboral" tras el recorte de este martes del 55% de los servicios dependientes de él, lo que supone que aproximadamente 450 escoltas se quedan sin servicio y pasan a engrosar las listas del paro.
Fontela ha insistido en que la retirada de protección ha sido "precipitada" y debería haberse realizado "de forma más lenta y prolongada en el tiempo, entre otras razones porque la banda terrorista no ha desaparecido, no ha entregado las armas y tampoco ha condenado la violencia".
"Es cierto que ya no vivimos en las calles ese nivel de violencia que se vivía hace unos años, pero también es cierto que la banda terrorista está ahí, sigue, y que, por supuesto, en cualquier momento podría producirse un disgusto", ha añadido.
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