El presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendió el miércoles su visita a Bélgica y Holanda por las inundaciones y un conflicto regional y social reactivado en torno a la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos en su país, mientras confirmó su viaje a Noruega y Francia.
El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, informó que Morales "estará el 2, 3 y 4 de marzo en Noruega y el 5 en Francia", donde se reunirá con el presidente Nicolás Sarkozy.
En Noruega el mandatario se reunirá con el rey Harald V y con ministros del gobierno, que tiene intención de apoyar a Bolivia en la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo.
En París, Morales se reunirá con su colega Sarkozy, aunque la agenda y temática del encuentro no fue difundida por la Cancillería.
El mandatario socialista tenía previsto emprender un periplo por Bélgica, Holanda, Noruega y Francia entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, pero según fuentes reservadas consideró inoportuno el viaje.
Por una situación similar, Morales aplazó sin fecha la visita que tenía prevista a Estados Unidos el lunes y que inicialmente formaba parte del itinerario presidencial.
En Bruselas, Morales tenía previsto una reunión con el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso; con la comisaria Europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner; con el Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea (UE), el español Javier Solana y con el rey Alberto II.
En Holanda la cita era con el presidente de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), Gerardo González Movilla, en el marco de su campaña contra las restricciones de FIFA para disputar partidos de fútbol por encima de los 2.750 metros.
La decisión coincide con nuevas confrontaciones en el parlamento entre oficialistas y opositores, panorama al que se suma un cerco de campesinos afines a Morales al Senado opositor en demanda de dos referendos con los que se pretende refrendar el proyecto estatista de una nueva Constitución.
Además, se une la convocatoria de dos regiones a consultas populares para aprobar sus estatutos autonómicos calificados por el Gobierno de ilegales y separatistas.
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