Los decibelios se dispararon ayer durante varios minutos en el Congreso de los Diputados. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, protagonizaron el debate más tenso en lo que va de legislatura.
Fue un cruce de reproches sobre el asunto más espinoso que enfrenta a los dos grandes partidos: la reforma laboral.
La reforma laboral
La titular de Empleo defendió el texto que ayer convalidó la Cámara Baja -con los votos de PP, CiU, UPN y Foro- como el que "necesita" España, aspecto en el que insistió también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Convencida de por dónde llegarían las críticas de la izquierda parlamentaria, Báñez argumentó en su intervención inicial que el despido en España "no será más fácil, sino que será con causa". Lo hizo para insistir en que el Gobierno ha hecho la reforma "con diálogo social, diálogo permanente y hasta el final".
En esa línea y consciente de que hoy los sindicatos podían completar las movilizaciones con la convocatoria de una huelga general, Báñez reclamó al principal partido de la oposición que no salga a la calle. "Abandonen las movilizaciones y las pancartas. Nosotros en la oposición fuimos leales", recordó para apelar a las 71 enmiendas que presentó el PP a la reforma del Gobierno de Zapatero. "Propongan, colaboren y ayuden", pidió.
La portavoz socialista tildó la reforma de "inútil y desequilibrada" y aseguró que es "una barbaridad", ya que no creará empleo en un periodo de recesión económica. Además, echó en cara al Gobierno que "haya dinamitado" el diálogo social a favor de los empresarios pese a haber conseguido el importante acuerdo de negociación colectiva que el Gobierno socialista no logró. Rodríguez le reclamó que reciba a los sindicatos minutos antes de que Rajoy mostrara su pesar porque las organizaciones sindicales no respalden la reforma.
Críticas al despido
Fueron más las críticas de Rodríguez. En su opinión, abre la puerta a la bajada de sueldos, incluso hasta un Salario Mínimo Interprofesional "que está congelado", permite el despido de empleados públicos en los ayuntamientos "para después privatizar los servicios" y posibilita el despido "a coste cero y sin causa" -crítica generalizada entre los grupos-. Una vez que el PSOE vea qué cambios acepta el Gobierno, decidirá si presentan un recurso ante el Tribunal Constitucional, opción que la Izquierda Plural quiere adoptar ya contra el propio decreto ley, pero que requiere reunir al menos 50 diputados.
No se tocará a los funcionarios
Sin embargo, el fondo de la reforma laboral se vio eclipsado por un debate político plagado de recriminaciones en ambos sentidos ambientado con abucheos y aplausos de las dos bancadas. La ministra de Empleo reprochó al PSOE que los Gobiernos socialistas son los que trajeron a España más precariedad y mandaron más trabajadores al paro. "El Ejecutivo socialista es una máquina de destrucción de empleo", afirmó para comprometer con que el Gobierno va a seguir respetando "todos los derechos de los funcionarios". Rodríguez, que dejó a un lado el perfil más amable mantenido hasta la fecha, criticó el decreto como "una reforma laboral que supone un ajuste de cuentas de la derecha más radical de este país".
Además, Báñez llevó al Parlamento el tema de los ERE andaluces a escasas horas de que arrancara la campaña electoral para las elecciones andaluzas del 25-M. "Siento vergüenza y mucha tristeza porque Andalucía esté en las portadas por que sus compañeros del PSOE con el dinero del desempleo y las prestaciones sociales, pongan en riesgo los fondos de solidaridad", criticó.
Mientras, bajo el paraguas del Día de la mujer trabajadora que se celebraba ayer, Rodríguez recordó la polémica suscitada el miércoles por las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que aseguró que hay "una violencia estructural" que presiona a la mujer para abortar. Rodríguez echó en cara al PP que la reforma limita el derecho de lactancia, algo que negó la ministra. "Quieren limitar nuestros derechos y tutelarnos", criticó la socialista.
Destruirá más empleo
El resto de los grupos parlamentarios que votó en contra -la Izquierda Plural, PNV y UPyD y la mayoría de los partidos del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, CC, Compromís y Geroa Bai)- argumentaron su negativa porque, en su opinión, la reforma provocará más destrucción de empleo y reducirá los derechos de los trabajadores. Joan Coscubiela (ICV) criticó, además, que abre la puerta a un contrato "indefinidamente temporal".
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