La izquierda independentista vasca ya ha manifestado su "profundo pesar" por el "daño y la humillación" que han sufrido las víctimas de ETA. 'Construyamos la paz en el proceso democrático', el documento presentado ayer en el Kursaal de San Sebastián, no ha contentado al resto de partidos políticos ni al Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que no ve "absolutamente" ningún avance porque aún pretender equiparar "víctimas y verdugos". En la misma línea, los socialistas vascos recordaron a la base sociológica de Amaiur y Bildu que, más que "insensibles", han sido "cómplices", mientras que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido a la izquierda abertzale que "no espere que se le aplauda como si fueran héroes".
Aunque la primera autocrítica del considerado entorno político de la banda desde que ETA anunciara en octubre que dejaba las armas ha sido contestada por el resto de grupos políticos, parece ser un paso más para distanciarse de la organización terrorista.
Las instituciones, sin ir más lejos, han levantado una barrera frente a la propuesta. Interior tachó el acto de "oportunidad perdida": ya no es admisible "el teatrillo" de inutilización de las armas, recalcó el Ministerio, para señalar que la banda terrorista debe "desaparecer".
Al igual que el Ejecutivo central, los gobiernos autonómicos del País Vasco y Navarra también se apresuraron a poner cortapisas. Desde Interior vasco, Rodolfo Ares subrayó que no son creíbles las "condolencias": "Difícilmente podrán ser aceptadas como sinceras" mientras no pida a ETA su "disolución definitiva".
El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, fue aún más allá: "Ninguna voluntad clara ni ninguna novedad"; "la izquierda abertzale nunca se ha separado ni desentendido de ETA y hoy tampoco".
Paso a paso
Pese a las críticas a los herederos de Batasuna, el proceso hacia el fin del terrorismo avanza poco a poco y en silencio. El debate sobre el acercamiento de los reos terroristas, la polémica de hace dos semanas a cuenta del carácter "político" del "problema vasco" y el hecho de que las palomas del Partido Popular -como el vasco Antonio Basagoiti- tracen líneas rojas ante el final del terrorismo muestran que algo se mueve.
Mientras los cuerpos de seguridad del Estado siguen poniendo los grilletes a los etarras, en Génova 13 y La Moncloa se juega al ajedrez de la paz. Por un lado, y según Europa Press, el Gobierno tiene previsto encargar un informe jurídico para modificar la Ley Electoral General con el fin de que puedan votar en Euskadi los vascos que se fueron por culpa del terrorismo. Mientras tanto, los políticos populares y el PSOE, principal partido de la oposición, combinan la ley con la generosidad, dan pasos hacia adelante y hacia atrás, como queriendo bailar con la izquierda abertzale pero sin tener que pedirle el vals.
UPyD, UPN y las víctimas
El principal hostigador de este proceso es Unión, Progreso y Democracia (UPyD). El grupo de Rosa Díez, que suscribió en su día el Pacto de Ajuria Enea que propugnaba el final dialogado del terrorismo, empezó la legislatura reclamando la ilegalización de Bildu y de Amaiur ante los tribunales.
Desde entonces no ha cejado en su empeño y, la pasada semana, se volvió a quedar sola en el Congreso de los Diputados, e incluso recibió el epíteto de "oportunista". En concreto, PP, PSOE, CiU, PNV, CC, UPN, IU-ICV-CHA y Foro pactaron el martes una 'hoja de ruta' para el fin de ETA.
Este partido, junto con Unión del Pueblo Navarro (grupo que ostenta el poder en Navarra), ha sido el más virulento frente a los avances del proceso.
Las víctimas son el tercer gran pilar de la resistencia en este caso. Aunque este colectivo no es monolítico, como quedó demostrado en el acto de homenaje a Fernando Buesa y su escolta, varias asociaciones constituyen un búnker ante la salida dialogada. La AVT, sin ir más lejos, siente "repugnancia". La presidenta, Ángeles Pedraza, relacionó el supuesto "perdón de Batasuna" con la estrategia de una "paz dialogada" y "tutelada por ETA", algo que es "profundo error". En la misma línea, Dignidad y Justicia advierte de que nunca reconocerá ningún tipo de reconciliación entre víctimas y verdugos.
En esta tesitura, y ante el revuelo causado por el borrador de decreto del lehendakari Patxi López (PSOE) (que reconocerá como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre 1968 y 1978 pero excluirá a los terroristas), la Administración trata de calmar a las víctimas. De hecho, Interior ya mantuvo con ellas un primer contacto a finales de diciembre.
Así, el nuevo secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzábal, ha abierto una ronda de contactos con las víctimas del terrorismo para explicarles la posición del partido, después de que desde algunos sectores se haya criticado que el Grupo Popular votase esta semana en contra de una moción de UPyD. No hay que dejar ningún fleco suelto.
Entidades
Sin acercamientos hasta la disolución
