Las víctimas del bando franquista "no tienen afán de venganza sino que reivindican su derecho a saber la verdad". Así ha declarado hoy Olga Alcelga, una de los cuatro testigos que hoy tomaron parte en el juicio oral contra el magistrado Baltasar Garzón por prevaricación con la que se enfrenta a una pena de hasta 20 años de inhabilitación.
La Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra, a la que pertenece la testigo, interpuso denuncia ante la Audiencia Nacional en 2008 con el objetivo que la Justicia investigara el paradero de 3.452 personas desaparecidas en la comunidad foral. Como ella los otros testigos admitieron que no acudieron a ningún otro juzgado, sino directamente a la Audiencia Nacional, para denunciar por la vía penal la desaparición de sus familiares durante la Guerra Civil, informa El Mundo.
La testigo Olga Acelga asegura no haber "recibido nunca ayuda" y acusa a la Administración de "mirar para otro lado" cuando saben que hay personas desaparecidas en un campo o un cementerio.
El presidente de la Asociación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera, Rafael Espino, ha explicado ante los siete magistrados que forman el tribunal que su organización denunció ante la Audiencia Nacional la desaparición de 111 personas desde el 18 de julio de 1936 hasta finales de aquel año y demandó la apertura de las fosas comunes ubicadas en este municipio cordobés.
Ha relatado que hace dos años comenzó la primera exhumación que culminó con la recuperación de 55 cuerpos que presentaban "signos evidentes de violencia, tiros en la nuca, manos atadas a alambres".
El siguiente testigo en tomar la palabra ha sido Manuel Perona, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. El cuarto y último testigo de la vista ha sido Pedro Fausto Canales, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid e hijo de un desaparecido durante el conflicto.
El New York Times apoya a Garzón