El juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta a Baltasar Garzón por las cantidades con las que diversas entidades patrocinaron sus cursos en Nueva York en 2005 y 2006, ha apreciado indicios del delito de cohecho immpropio en la actuación del juez.
Según fuentes del alto tribunal, así lo afirma el instructor en un auto notificado, con el que pone fin a la instrucción de la causa, transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da un plazo de diez días a las partes para que formulen escrito de acusación o pidan el archivo del caso, como previsiblemente hará la Fiscalía.
Garzón podría enfrentarse a una pena de multa de tres a seis meses, ya que por la fecha en la que supuestamente fueron cometidos los hechos no es de aplicación la última reforma del Código Penal, de junio de 2010, que castiga el cohecho impropio con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
Esta es la última de las causas que Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo, donde ya ha sido juzgado por prevaricación por ordenar las escuchas en el 'caso Gürtel' y está siendo enjuiciado por el mismo delito por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
Ayudas como juez
Marchena estima acreditado que durante su estancia en Nueva York en 2005 y 2006 Garzón era juez en activo; que el Banco Santander, BBVA, Telefónica, CEPSA y Endesa aportaron dinero para sus cursos -le llama "exitoso gestor de fondos"- en atención a esa condición y que eso supuso "la obtención de un aprovechamiento" para él.
Así, llega a afirmar que la falta de coincidencia entre las cantidades que la Universidad de Nueva York afirma haber pagado a Garzón y las que aparecen en su cuenta bancaria solo puede explicarse por "la existencia de cuentas en el extranjero que no han sido identificadas o el abono de cantidades en metálico o a través de personas o sociedades instrumentales".
El magistrado cita, por ejemplo, una sociedad denominada Mades Comunication S.L. de la que es apoderada la mujer de Garzón y que está administrada por la hija del matrimonio, pese a que no empezó a operar hasta febrero de 2010.
Marchena también se refiere al reparto de las partidas destinadas al personal académico, de dirección y administrativo de los cursos dirigidos por Garzón y habla de "un interesado escenario de descontrol" y de "un reparto clandestino de dinero procedente de unas subvenciones cuya pormenorizada justificación nunca llegó a ser exigida por las empresas que financiaron los cursos".
Para justificar la condición "funcionarial" de Garzón durante su estancia en Nueva York -necesaria para imputarle cohecho impropio-, recuerda que éste disfrutaba de una licencia de estudios y que la ley dice que un juez solo deja de estar en activo si se encuentra en situación de servicios especiales o de excedencia voluntaria.
"Quienes respondieron a la solicitud (de fondos) de Garzón sabían perfectamente quién era el requirente y cuál era su destino profesional. Y por si hubiera alguna duda, ya se encargaba el imputado de recordárselo", añade el instructor, que recuerda que éste hacía siempre referencia a su condición de magistrado en los escritos en los que se dirigía a las entidades patrocinadoras.
Éstas, dice Marchena, aportaron fondos "en consideración" a su condición de juez, lo que cree demostrado porque fue Garzón "quien se dirigió a algunas de las principales empresas españolas con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas para la financiación de los cursos por él dirigidos".
Los patrocinios
El juez aseguró el 14 de diciembre en el Tribunal Supremo (TS) que no solicitó ningún patrocinio a empresas como el Banco de Santander, Cepsa o Endesa para los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Así lo informaron fuentes de la acusación tras la declaración de Garzón ante el magistrado del TS Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra él a raíz de la querella interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que le acusan de prevaricación y cohecho.
El juez, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional en mayo de 2010, justificó ante Marchena los ingresos que recibió en el periodo investigado y señaló que solo intervino en los convenios con los patrocinadores en los aspectos académicos, ya que no tuvo nada que ver con su gestión económica.
Garzón fue interrogado también por los datos del informe de la Guardia Civil en el que se analizaron sus ingresos entre el 1 de marzo de 2005 y 30 de junio de 2006, sin que se detectara ningún pago de la Universidad de Nueva York.
En una de las cuentas figuraba un apunte 330.000 euros correspondiente a una fecha anterior al periodo investigado y que, según las mismas fuentes, Garzón justificó con "todo lujo de detalles", indicando incluso que más de 30.000 correspondían a un premio que le otorgó la Academia de las Artes de París.
El juez Garzón insistió en que nunca pidió patrocinios para las conferencias que impartió en Nueva York al Banco de Santander, Telefónica, Endesa o Cepsa. La acusación afirma que recibió del Banco Santander más de 302.000 dólares durante su estancia en la Universidad de Nueva York con el compromiso de no admitir a trámite posteriormente una querella contra directivos de esa entidad bancaria, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas cesiones de crédito.
Entidades
Querella archivada