Cunit (Tarragona), 27 jul (EFE).- La alcaldesa de Cunit, Montserrat Carreras (CiU), ha dicho a Efe que el ayuntamiento "está en quiebra" por una deuda a proveedores y bancos de casi 39 millones, por lo que podría pedir "responsabilidades personales" por negligencia al anterior equipo de gobierno.
CiU gobierna en Cunit al sumar sus siete regidores a los de ERC (1) e ICV (1), un pacto "natural", según Carreras, que dejó en la oposición al anterior equipo de gobierno, que obtuvo el 22 de mayo ocho concejales en total -5 del PSC y 3 del PPC-.
Acompañada por el concejal de Hacienda y Recursos Humanos, el economista Eduard Arruga, Carreras cita entre sus prioridades "reconducir la situación económica, conseguir crear empleo" y mantener la cobertura social dentro de lo posible, todo ello con una mayor "transparencia" y un mayor diálogo con la ciudadanía, a la que están explicando las "difíciles decisiones" que tendrán que tomar.
De momento, se ha conseguido "una rebaja del 38% del gasto en órganos de gobierno" ya que, a su juicio, la situación en Cunit es "de quiebra. Si el ayuntamiento fuera una empresa, estaríamos en quiebra hace tiempo".
Tanto ella como Arruga describen que se han encontrado con "1.579 facturas de proveedores morosas" por un importe de "15,7 millones", además de otras también por abonar.
A eso hay que añadir el endeudamiento con los bancos, que asciende a "23 millones", una situación de ahogo habida cuenta de que ingresan "20 millones anuales y gastan 25", una situación que se ha repetido desde el 2008. Así, si el 2007 había "un remanente negativo de tesorería de 2,75 millones, ahora es de 13,5 millones".
Asimismo, tienen 65 contenciosos administrativos abiertos con proveedores, vecinos y empresas, como la de autobuses, mientras que con Cespa, encargada de la recogida de basuras, la deuda es "de casi 9 millones", y la empresa ha podido aguantar por su mayor tamaño, aunque ya planteó que o cobraba o dejaba de pagar las nóminas.
"Estamos pagando a 277 días de media" e incluyendo el pago al personal, comenta Arruga.
Así, Carreras y Arruga explican que la Diputación les reparte mensualmente un millón de los 12 que cobran anualmente en impuestos, y pagan 650.000 euros en nóminas, Seguridad Social e IRPF, a los que se suman otros 200.000 euros en intereses y créditos con bancos.
"¿Qué te queda entonces para pagar los 16 millones atrasados que tienes de facturas?", se pregunta Carreras, que desgrana que primero intentarán "equilibrar ingresos y gastos" y, cuando lo consigan, verán cómo pueden aumentar los ingresos para disminuir la deuda, "lo que implica conseguir líneas de financiación".
Además, Carreras denuncia que "el nivel de presión fiscal está al límite, es muy alto", después de que el anterior equipo de gobierno aprobase un aumento del IBI, aplicable este año, del 17% de media.
"Pagamos el IBI más caro del Baix Penedès, pero sobre un valor catastral por encima del valor de mercado, como si viviéramos en Pedralbes, cuando somos un pueblo de clase trabajadora", comentan Carreras y Arruga, que están padeciendo morosidad ciudadana al pagar este impuesto.
Mientras, la Fiscalía está mirando si hay delito en la indemnización de 500.000 euros pagada a la anterior empresa que gestionaba la piscina municipal, a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas, mientras que a la nueva adjudicataria de la instalación se le adeudan 1,2 millones.
Para evitar más contenciosos, se están reuniendo con los implicados para pedirles poder estudiar la situación y establecer un calendario de pago, señala Carreras, mientras están elaborando "un plan de saneamiento para equilibrar ingresos y gastos y otro de tesorería para poder ir pagando las facturas pendientes".
En este contexto, la reunión de mañana con el departamento de Economía, en la que estará Cunit junto a otros 40 municipios "que necesitan atención especial", servirá para poner en común los problemas financieros y qué fórmulas se pueden encontrar para hallar un equilibrio financiero, según Carreras.
La alcaldesa añade que se han encontrado "sueldos desorbitados, complementos de productividad discutibles y cuestionables, horas extra fuera de ley y una plantilla sobredimensionada", con una media de 220 trabajadores, por lo que se plantean "una reestructuración y reducción de la plantilla", así como su racionalización, para lo cual elaborarán un organigrama para una población con 12.700 ciudadanos empadronados, que supera los 35.000 en verano.
Y mientras la evolución de los gastos desde el 2007 "ha sido creciente, cuando la situación económica exigía reducción y control", Carreras avisa que "ha fallado mucho el control", pues llevan desde el 2007 tutelados por el departamento de Economía, con tres planes de saneamiento incumplidos, "y no ha pasado nada".
Carreras insiste en que hay un problema legal, ya que no se castiga la mala gestión que lleva a la quiebra a un ayuntamiento, y por ello si, cuando finalice el análisis de la situación, encuentra que "pueda haber responsabilidades personales por negligencia, las pediremos -ha asegurado- donde sea necesario".
Por Rafa Quílez