Se trata de una información publicada por un diario nacional, según la cual, y tras las exigencias de la formación liderada por Iñigo Urkullu, el Gobierno está convencido de que la Justicia decidirá en contra de las demandas presentadas por la Abogacía y la Fiscalía General del Estado. La correlación de fuerzas del Constitucional es la clave. Hoy, el diario La Razón apunta que ETA sigue cobrando extorsiones.
El diario La Razón afirma que con este mensaje, el Gobierno de Zapatero "trata de calmar los ánimos de los nacionalistas dispuestos a retirarle su respaldo parlamentario", tal y como anunció esta semana el líder del PNV, quien reclamó -insiste el rotativo de Planeta, cumpla la "la hora de ruta pactada" en su día y permita que Bildu concurra en las urnas el 22M, de lo contrario, los nacionalistas vascos no refrenderán este año los Presupuestos Generales de 2012. EL PNV, por su parte, niega hoy que esté haciendo chantaje al Gobierno.
Fuentes judiciales, desarrolla la información publicada, "confirman que la correlación de fuerzas del Constitucional puede llevar al Alto Tribunal a enmendar la plana al Supremo, en caso de que anule las candidaturas de Bildu".
El rechazo de ilegalización en el Supremo
Este sábado, el diario El Mundo apuntaba que un magistrado del Supremo, Manuel Alarcón, ponente del proceso que tramita sobre Bildu, es partidario de rechazar los recursos del Gobierno y de la Fiscalía contra la coalición electoral abertzale, considerada el plan B de ETA/Batasuna.
En definitiva, una información que confirma lo publicado este jueves por El Correo Vasco donde subrayaba la designación Tribunal Supremo de los magistrados Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón como los ponentes de los autos sobre el futuro de Bildu y 19 agrupaciones de electores en los comicios del 22 de mayo. Ambos jueces -remarcaba la noticia- votaron hace un mes en favor de Sortu y firmaron, junto a otros cinco compañeros, el voto particular contra la decisión mayoritaria de no permitir a esa formación su inscripción en el registro de partidos del Ministerio del Interior.
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Expresidente del Gobierno de España
Urkullu no ve necesario un 'plan B o C'