El tesorero del PP Luis Barcenas presentó este mediodía su dimisión en el cargo que ocupaba de mútuo acuerdo con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los dos mantuvieron un encuentro esta mañana tras la reunión del Comité Ejecutivo. Luis Bárcenas: el escalador ante su montaña más difícil
Bárcenas justifica esta decisión porque ya ha podido declarar ante el juez instructor del caso Gurtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, que le citó como imputado provisional por un delito fiscal y otro de cohecho.
A la salidad del Tribunal Supremo, Barcenas declaró que estaba muy contento porque había podido aportar las pruebas que demuestran su inocencia.
El también senador por Cantabria, quien no abandonará el escaño en la Cámara Alta, certifica que su dimisión durará hasta que "quede acreditada" su inocencia ante los tribunales.
Una renuncia transitoria
El Partido Popular ha anunciado en un comunicado que confía en la inocencia de Luis Bárcenas y "así se demostrará en los Tribunales de Justicia".
El PP considera que la renuncia es transitoria hasta que quede acreditada la inocencia de Bárcenas ante las instancias judiciales y ha anunciado que no se procederá a su sustitución como tesorero nacional del Partido Popular.
Conserva la confianza del partido
El PP, en otro comunicado, deja claro que confía en la inocencia de Bárcenas, y por ello, cree que ésta "quedará demostrada".
Tras manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicio al partido y de ser durante todo este tiempo "un ejemplo de profesionalidad", la organización expresa su "respeto" por la decisión de quien hasta hoy ha sido su tesorero.
Para los populares, como recalcan en el comunicado, la decisión de Bárcenas "está inspirada una vez más en su lealtad al PP".
"Recepción de cantidades económicas"
La causa fue asumida por el Supremo el pasado 25 de junio tras dictar un auto en el que sostenía que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida "son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico" del aforado, al que, destaca, "se identifica con su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión 'Luis el cabrón' empleada en la causa.
El juez Monterde citó al tesorero del PP después de recibir los testimonios de diversas actuaciones referidas a ambos aforados que obraban en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que investiga la trama madrileña del 'caso Gürtel'. Las citaciones se produjeron sin necesidad de tramitar los suplicatorios a las Cámaras, dado que tanto Bárcenas como el diputado del PP Jesús Merino, que compareció al día siguiente, habían solicitado por escrito declarar voluntariamente ante el alto tribunal.
Una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo en 2002, en tiempo de la mayoría absoluta del PP, abrió la puerta a que los parlamentarios que están siendo investigados por el Tribunal Supremo puedan participar en las diligencias sin necesidad de tramitar un suplicatorio ante la Cámara correspondiente.
Petición de suplicatorio
En el caso de que tras la dimisión de Bárcenas el Tribunal Supremo solicite su suplicatorio a las las Cortes, el juez o el tribunal habrá de suspender el procedimiento hasta que la Cámara "resuelva lo que tenga por conveniente". En el caso de que el Senado o el Congreso negasen la autorización pedida, la causa se sobreseerá en lo que afecte al parlamentario implicado, pero continuará contra los demás procesados.
Fuentes jurídicas precisaron además que, en caso de que en este tiempo Bárcenas o Merino dimitiesen de sus cargos como senador y diputado, el Tribunal Supremo dejaría de ser competente para entender de su implicación en la trama al perder los dos su condición de aforados.
La autorización al Congreso o al Senado se pedirá en forma de suplicatorio a través del ministro de Justicia. Junto a esta solicitud, el juez o tribunal tendrá que remitir a la Cámara, con carácter de reservado, el testimonio de los cargos que resulten contra el senador o diputado, así como los dictámenes del fiscal y de las peticiones particulares en que se haya solicitado la autorización.
Si el investigado es un senador, caso de Bárcenas, el tribunal habrá de comunicarlo al presidente del Senado, quien, una vez recibida la petición para retirar la inmunidad, la remitirá a la Comisión de Suplicatorios. Este órgano podrá reclamar los antecedentes oportunos y, tras escuchar al interesado, deberá emitir dictamen en un plazo máximo de treinta días.
Actualmente, la Comisión de Suplicatorios, que preside el 'popular' Juan Fageda, está compuesta por 26 senadores (12 del PP, 10 del PSOE, y uno de cada uno del resto de grupos). Entre los vocales del PP figura precisamente Bárcenas, que se supone que debería abstenerse del debate y votación de su propio suplicatorio.
En el caso del Congreso, la petición se remite a la Comisión del estatuto del Diputado, que preside el socialista catalán Francesc Vallés, que da audiencia al afectado para que se explique. El dictamen de una y otra comisión se incluirá en el orden del día del primer Pleno ordinario que se celebre en la Cámara. En ambos casos, todo el proceso no debe durar más de sesenta días, pues transcurrido ese plazo el suplicatorio se entenderá denegado.
Votación secreta y en pleno
En octubre de 2007 la Presidencia del Senado aprobó una resolución que elimina el antiguo sistema de bolas blancas y negras para la votación en Pleno de los dictámenes de la Comisión de Suplicatorios. En virtud de ese texto, la votación podrá realizarse mediante voto electrónico, acreditando el resultado numérico final, pero omitiendo el sentido del voto de cada senador.
No obstante, el presidente, de acuerdo con la Mesa del Senado podrá elegir entre este procedimiento o la votación nominal y secreta mediante papeletas, que los senadores irán depositando en el lugar correspondiente tras ser requeridos para ello, uno por uno. Una vez que la Cámara adopte un acuerdo, el presidente tendrá un plazo de ocho días para dar traslado del mismo al Tribunal Supremo.
En cuanto a los antecedentes, que son varios, el más inmediato se remonta a 2007, cuando el Senado, con los votos de PP y CiU, retiró a la senadora del PSC María José Elices la inmunidad parlamentaria a petición del Supremo para resolver una acusación de injurias al alcalde de Tarragona, el nacionalista Joan Miquel Nadal, que finalmente fue archivada. Recientemente el Supremo asumió el caso de otro senador, el 'popular' Manuel Altava, por un supuesto delito de abuso de derecho, al entrar en la vivienda de su ex mujer, retirar varios bienes y cambiar cerraduras.
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