El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, único órgano competente en la materia, acordó en su reunión plenaria acceder a la solicitud formulada por los afiliados al Partido Popular de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch de ser suspendidos cautelarmente de militancia y con carácter temporal
La imposición de una fianza de 955.000 euros a Benjamín Martín Vasco ha sido determinante en la decisión del PP. Los tres imputados estaban afiliados al partido de Madrid y habían solicitado recientemente su suspensión de militancia, que la dirección del partido dejó en suspenso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunciara sobre la situación de estos aforados.
El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, el único órgano competente en la materia, decidió aceptar su solicitud y suspenderlos cautelarmente de militancia y con carácter temporal de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Nacionales del PP.
Según informó el PP en un comunicado, este órgano agradeció "la buena disposición" de estos afiliados al solicitar la suspensión cautalar de militancia "a fin de no perjudicar los intereses y la imagen del PP".
No se vulnera la presunción de inocencia
La suspensión cautelar de militancia, recalcó el PP, no vulnera en absoluto la presunción de inocencia que como derecho de configuración legal les concede el artículo 24.2. de la Constitución. Esta decisión ya ha sido comunicada al presidente del PP, Mariano Rajoy, a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre.
El PP había admitido la solicitud de suspensión de militancia de otros cargos del partido imputados en esta causa como los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López, ambos del PP; el ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente; el ex edil de Boadilla del Monte José Galeote; el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote; y Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia todavía tiene que pronunciarse sobre otros investigados en la presunta trama corrupta liderada por Correa como es el caso del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, o el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa.
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Fianza para Martín Vasco
