Francisco Correa lideraba un "conglomerado empresarial" formado por 23 sociedades de "inversión especulativa", patrimoniales o de gestión. Este "conglomerado" funcionaba en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. Además, tres de las empresas de esas empresas están vinculadas a paraísos fiscales como las Isla Nevis.
Ese "conglomerado" empresarial ha venido funcionando durante los últimos años, principalmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia, según la resolución dictada por el juez en la causa en la que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
Entre esas empresas figuran Special Events -que organizó eventos para el PP hasta el 2004- y Pasadena Viajes, de las que es titular Correa; así como Orange Market, filial de la anterior en Valencia y dirigida por el también detenido Álvaro Pérez Alonso; y Easy Concept Comunicación, de la que es empleado el imputado Pau Collado, ex director general del Gobierno autonómico de Jaume Matas en Baleares.
El listado de empresas incluye otras sociedades como Parque Logístico Montalvo, Intermedia Eje Comunicaciones Integrales, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Cresva, Caroki, Osiris Patrimonial, Proyectos Financieros Filmores, Inversiones Kintamani, Hator Consulting, Odisea Servicios 2001, Rialgreen, TCM, Forever Travel Group, Estudios Vesubio, Welldone y Castaño Corporate.
Por último, la resolución dictada por Garzón cita a la sociedad FCS Formación, Comunicación y Servicios, de la que señala que carece de actividad.
Según el juez, el objetivo de las sociedades de inversión especulativa es la búsqueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, el de las patrimoniales gestionar el patrimonio personal de Correa y el de las empresas de gestión prestar apoyo al resto en labores de administración o de organización de viajes.
Paraísos fiscales
Algunas de las sociedades tienen sus principales accionistas en el paraíso fiscal de la isla de las Nieves, en el Caribe, según los datos mercantiles.
En la citada isla, la confidencialidad es tal que incluso la legislación prevé fuertes multas y hasta penas de prisión por publicar el nombre o los datos de empresarios extranjeros. Esta isla perteneció al Reino Unido y se independizó en 1983, forma parte junto con la isla de San Cristóbal de la Federación de Saint Kitts and Nevis y están situadas entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
Entre las sociedades de la trama cuyo accionista principal está ubicado en un paraíso fiscal están: Inversiones Kintamani, Welldone 2002 y Special Events. Todas ellas iban recibiendo fuertes inyecciones de capital mediante sucesivas ampliaciones de capital provenientes del accionista radicado en la citada isla del Caribe.
La que cuenta con un mayor capital social es la primera de ellas, Inversiones Kintamani, cuyo objeto social es la compraventa de bienes inmuebles para su explotación en régimen de arrendamiento. El capital de esta sociedad asciende a 5.416.405 euros.
Relación con la Junta de Castilla y León
Los contratos que la Junta de Castilla y León ha abonado a las empresas Special Events y TCM, de las que era responsable Francisco Correa, eran "gastos menores" y ascendieron a 35.590 euros.
Así lo ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha explicado que el personal de esta Administración autonómica ha revisado "todos los expedientes" en los que aparecían estas empresas durante los últimos ocho años.
Al portavoz no le parece "sensato ni adecuado" que "alguien pueda sugerir que esto es una trama de no se sabe qué", cuando la relación de la Junta de Castilla y León se limita a "seis facturas". "Son gastos menores entre millones de facturas", ha zanjado el portavoz.
De Santiago-Juárez ha detallado que los contratos con Special Events y Technology Consulting Management (TCM) se remontan al año 2003 y corresponden con la organización de jornadas y congresos, que costaron a la Junta entre los 557,74 euros facturados en un estudio sobre protocolos para abordar conflictos familiares y los 10.471 euros que se embolsó TCM por la organización de un congreso de medicina familiar.
El representante de la Junta se ha mostrado "encantado" de dar "hasta el último dato" con relación a esta investigación emprendida por la Audiencia Nacional, aunque ha señalado que "en cualquier comunidad autónoma o ayuntamiento", independientemente del partido que los gobierne, "aparecerán facturas con estas empresas" porque "estaban en el mercado y se dedicaban a estas cosas" -la organización de actos-.
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