El Gobierno de Jordania ha anunciado que no contempla prohibir las actividades de la rama de la organización islamista Hermanos Musulmanes en el país ni clasificarla como organización terrorista, tal y como ha hecho esta semana el Ejecutivo interino egipcio.
El ministro para Asuntos Políticos y Parlamentarios, Jaled Kalaldeh, ha recordado que Hermanos Musulmanes está inscrito como organización de caridad y que su brazo político, el Frente de Acción Islámica, es un partido político legal que no está violando las leyes del país.
"No nos veremos afectados por lo que está pasando en Egipto. Si algún grupo viola la ley jordana, responderemos implementando la legislación", ha indicado Kalaldeh en una entrevista telefónica concedida al diario 'The Jordan Times'.
Por su parte, el secretario general del Frente de Acción Islámica, Hamzah Mansur, ha criticado duramente a las autoridades egipcias por su decisión y ha resaltado que es "el pueblo egipcio" el que tiene que decidir, y no las autoridades interinas, que accedieron al poder en julio tras un golpe de Estado contra el entonces presidente Mohamed Mursi, miembro de Hermanos Musulmanes.
"La decisión es rechazada en forma y sustancia. Para nosotros, el Gobierno que ha tomado la decisión es ilegítimo, por lo que la misma es nula e inválida", ha valorado. Asimismo, ha indicado que una decisión de esas características necesita una decisión judicial, que en este caso no ha existido.
Mansur ha puntualizado además que la designación de Hermanos Musulmanes como organización terrorista en Egipto "no afectará a la popularidad del movimiento, ni en Egipto ni en Jordania".
El Gobierno interino egipcio decidió declarar organización terrorista al grupo tras acusarlo del atentado ejecutado el martes en Mansura, que se saldó con 16 muertos y más de un centenar de heridos.
Hermanos Musulmanes ha negado estar detrás de estos hechos, cuya autoría ha sido reclamada por el grupo wahabí Ansar Bait al Maqdis, radicado en la península del Sinaí. Esta formación ha ejecutado otros atentados en los últimos meses, entre ellos uno contra el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim.
Las autoridades egipcias lanzaron una campaña de represión contra la organización tras el derrocamiento de Mursi en la que han muerto miles de sus seguidores y varios miles han sido detenidos.
Tras la designación del grupo como organización terrorista, los líderes se enfrentan a la ejecución, mientras que los miembros de la formación a penas de hasta cinco años de cárcel.