
El director de la Oficina Conjunta de Seguridad de la localidad libia de Benghazi (BJSR), Abdulá al Saiti, ha escapado con vida este lunes a un atentado con coche bomba contra su convoy, ataque en el que ha fallecido uno de sus guardaespaldas y otro ha resultado gravemente herido, según ha informado el portavoz del organismo, Abdulá Zaidi.
El coche bomba utilizado en el ataque se encontraba aparcado en el área de Maguri y contenía un total de 45 kilogramos de explosivos. Zaidi ha agregado que, en base a las investigaciones, los mismos fueron activados por control remoto, tal y como ha recogido el diario 'The Libya Herald'.
El suceso ha tenido lugar apenas un día después de que el director de la Inteligencia Militar en la localidad de Ajilat, Yusef Abdennabi al Atrash, fuera asesinado a tiros, en el primer incidente de estas características en la ciudad.
Libia vive una gran inestabilidad desde la caída del Gobierno de Muamar Gadafi, el 20 de octubre de 2011, debido, sobre todo, a la negativa de las milicias que ayudaron a derrocarle a entregar las armas y unirse a las fuerzas regulares.
Para hacer frente a esta situación, el nuevo Gobierno ha reconocido a algunas milicias --uniéndolas en la brigada Escudo de Libia y poniéndolas bajo la supervisión de los ministerios de Interior y Defensa--, pero otras siguen al margen de su autoridad.
En este sentido, el Gobierno anunció a principios de noviembre que dejará de pagar a los grupos rebeldes que participaron en la revolución contra Gadafi a partir del 31 de diciembre a menos que se integren en las fuerzas de seguridad del país.
Por su parte, el primer ministro, Alí Zeidan, advirtió de la posibilidad de una intervención militar extranjera en caso de que no se ponga fin al caos existente en el país, según informó la emisora Radio France Internationale.
"La comunidad internacional no puede tolerar un estado, en pleno Mediterráneo, que es fuente de violencia, terrorismo y asesinatos", ha sostenido, antes de citar como ejemplo lo ocurrido en Irak. Libia continúa bajo una resolución del Capítulo VII de Naciones Unidas, que permite una intervención internacional para proteger a la población civil.