Dumping fiscal, insolidaridad y cupos

El pasado domingo el diario Ara, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa pidió "poner freno" a la "competencia desleal y dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid. Además, Illa señalaba que: "Ellos (la Comunidad de Madrid) defienden un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos. Ellos acumulan, acumulan, acumulan, generan mucha prosperidad, y, en vez de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria". Después, varias ministras del gobierno se sumaron a esta acusación de Illa, tanto del PSOE, Diana Morant, como de Sumar, Yolanda Díaz y Mónica García.

En todas estas declaraciones, hay varias cuestiones que destacar. En primer lugar, que nadie aporta una sola cifra que demuestre nada. En segundo término, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una cuestión de impuestos y financiación autonómica no haya dicho nada. Y, por último, que se mezclen conceptos, el dumping fiscal no es lo mismo que la insolidaridad. Para poder tener un debate, lo primero es saber de qué estamos hablando. El dumping es un concepto comercial: consiste en vender a un precio anormalmente bajo, habitualmente por debajo de costes, para expulsar a la competencia. El objetivo del dumping es constituir un monopolio que luego permita subir los precios. En política fiscal, cuando se habla de dumping fiscal estamos hablando de impuestos anormalmente bajos que atraigan las empresas y la actividad económica hacia un territorio, en perjuicio de los impuestos que cobran los demás sobre la actividad de estas empresas.

El caso paradigmático de dumping fiscal es Irlanda, que no sólo tiene un impuesto de sociedades del 12,5% (la mitad del español, que está en la media de la Unión Europea), sino que ha negociado todo tipo de acuerdos con grandes multinacionales que han acabado pagando cuantías simbólicas por sus beneficios. Esto ha llevado a que muchísimas multinacionales se hayan instalado en Irlanda, y que vendan desde allí a toda Europa y a buena parte del mundo. Obviamente, esto ha perjudicado la recaudación del impuesto de sociedades del resto de países de la Unión Europea (y de buena parte del mundo).

Esta estrategia, el dumping fiscal, no la practican ni la Comunidad de Madrid, ni ninguna otra comunidad autónoma de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra). No lo hacen, porque, sencillamente no pueden. Ninguna comunidad tiene competencias sobre el impuesto de sociedades, ni sobre otros impuestos que recaen sobre las empresas, como el impuesto a la banca. Esta estrategia sí la ha seguido el País Vasco, por ejemplo, otorgando "vacaciones fiscales" a las empresas que se instalasen en el País Vasco. Esto fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Más recientemente, tenemos el caso del impuesto a la Banca, que este año no se aplicará a los bancos en el País Vasco. A partir del año que viene, este impuesto tendrá deducciones de las que no se podrán beneficiar el resto de los bancos de España. El dumping fiscal en España sólo existe donde puede existir, es decir, en el País Vasco y Navarra.

Sí es cierto que la Comunidad de Madrid ha bajado impuestos, mientras que, por ejemplo, Cataluña los ha subido. Pero, no son impuestos a las empresas, porque no pueden, y esto van contra (o en el caso catalán a favor) de su propio presupuesto. El caso más importante es el del tramo autonómico del IRPF, que es la mitad de la recaudación de este impuesto. Madrid rebajo el tramo autonómico en unos 1.700 millones de euros, según los últimos datos de 2023. Esto supone que la Comunidad de Madrid tiene exactamente 1.700 millones de euros menos de ingresos que se puede gastar, porque las aportaciones que tiene que realizar Madrid a los fondos de financiación autonómicos se calculan con la recaudación normativa. Se lo traduzco, se calculan con la recaudación que obtendría Madrid si replicase la normativa estatal. Por lo tanto, este dinero que se ahorran los madrileños no supone insolidaridad alguna. En el mismo sentido, los 500 millones de euros que supusieron las subidas de impuestos en el IRPF de la Generalidad catalana se los quedó íntegramente la administración autonómica para financiar su gasto. Los catalanes no son, tampoco, más solidarios por pagar más impuestos.

Por supuesto, se puede discrepar de las decisiones de política fiscal de los gobiernos autonómicos, pero no inventarse la realidad contradiciendo los datos. Aunque Illa hable de "acumulación insolidaria" de la Comunidad de Madrid, y Mónica García señale que "la Comunidad de Madrid es… una de las que más recibe", la realidad es muy distinta. Según los datos oficiales de 2022, Cataluña recibió 718 euros más per cápita que la Comunidad de Madrid del sistema de financiación. Además, Madrid no es de las que más reciben del sistema, ya que, en términos per cápita sólo recibieron menos Murcia y Valencia, las administraciones autonómicas más claramente infra financiadas de España. Hay razones objetivas que explican que la Comunidad de Madrid tenga menos presupuesto, como una mayor densidad de población, lo que disminuye el coste de prestación de los servicios, o el simple hecho de que haya bajado impuestos. Pero, que sea de la que más recibe o que sea "insolidaria" es contradecir los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y la realidad.

Nuevamente, si se quiere hablar de insolidaridad y sobrefinanciación entonces hay que hablar, no de Madrid, sino del País Vasco y Navarra. Como detallamos en "La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía" (La esfera de los libros, mayo de 2025), Jesús Fernández-Villaverde y yo, el País Vasco tiene una financiación media de 6.614 euros por persona, que es casi el doble que la media de las quince comunidades de régimen común, que está en 3.399 euros per cápita. En el caso de Navarra estamos hablando de 5.579 euros por persona, también muy por encima del resto de comunidades autónomas. Esto se debe a varios factores que hacen que el cupo vasco y la aportación navarra sean, en la práctica, negativos. El factor más importante es que el déficit de pensiones, la diferencia entre ingresos por cotizaciones y pago de pensiones se paga con impuestos. Pero, estos impuestos sólo son los que ingresan los contribuyentes de las quince comunidades de régimen común, que también financian el déficit de pensiones del País Vasco y Navarra.

La financiación singular o cupo para Cataluña, que se pretende blanquear con estas declaraciones, no es más que la extensión a esta comunidad de los privilegios fiscales y financieros del País Vasco y Navarra. Esto permitiría ampliar gracias a la "soberanía fiscal para Cataluña" que ambicionan el PSC y ERC, los supuestos de dumping fiscal que ya padecemos con el País Vasco. Además, dispararía el fraude fiscal con la inevitable fragmentación de la Agencia Tributaria. Por cierto, Illa ya hablaba abiertamente el pasado domingo del traspaso de funcionarios de la Delegación Especial de la AEAT hacia la Agencia Tributaria de Cataluña, que para él era una cuestión de sentido común. Lo que sería de sentido común sería no fragmentar la AEAT, especialmente si no se tiene capacidad para gestionar los principales impuestos.

Pero, por encima de todo, el cupo para Cataluña es el proyecto más ineficiente, desde un punto de vista económico, y también más insolidario que se ha acometido en España en muchas décadas. En la práctica, supone un cambio constitucional, por la puerta de atrás, y en el que sólo se ha consultado a los militantes de ERC. La Generalidad de Cataluña tiene un problema endémico de exceso de gasto, que ahora pretende que paguen los contribuyentes del resto de España, que de media son más pobres, mediante un sistema de cupo. Esto es injusto, insolidario, anti-federal… pero, por encima de todo, no se puede pagar sin poner en riesgo el estado del bienestar en casi toda España.