La publicación del primer Libro de Estilo de la RAE ha vuelto a generar un amplio debate acerca de la renovación del lenguaje español y de la capacidad del organismo de adaptarse a los usos y costumbres de los hispanohablantes.
La decisión de no considerar válidas ninguna de las formas de reciente uso para visibilizar la duplicidad de género en el lenguaje ha generado un torrente de opiniones, tanto favorables como contrarias a esta decisión, volviendo a poner de relevancia los mecanismos de cambio y renovación que tiene el lenguaje.
Cabe resaltar que la RAE cuenta actualmente con 46 académicos (dos de ellos, los últimos designados, a falta de tomar posesión de su cargo), y de estos, únicamente ocho son mujeres, una desigualdad esgrimida frecuentemente por quienes lamentan la lentitud con la que se actualiza el castellano en cuanto a cuestiones de género.
La presencia femenina se limita a los sillones que ocupan Aurora Egido, Carmen Iglesias, Soledad Puértolas, Margarita Salas, Carme Riera, Inés Fernández-Ordóñez, Paz Battaner y Clara Janés, cuya presencia supone aproximadamente una sexta parte del órgano que toma las principales decisiones lingüísticas.
La RAE 'supera' la edad de jubilación
También resulta destacable que, de los 46 académicos, sólo tres son menores de 65 años (uno de ellos, el recién ingresado Juan Mayorga), cinco de ellos son nonagenarios (Manuel Seco, Francisco Rodríguez, Emilio Lledó, Antonio Fernández de Alba y Gregorio Salvador), y la media de edad, ya incluyendo las nuevas incorporaciones, se sitúa en torno a los 76 años, lo que según los más críticos dificulta la asimilación del lenguaje utilizado por la juventud.
En cuanto a la permanencia en la Academia, el miembro más veterano es el ocupante del sillón A mayúscula, Manuel Seco, que lleva 38 años desde que ingresase en 1980. En promedio, los académicos llevan más de 13 años en sus cargos, teniendo en cuenta que las recientes incorporaciones (entre una y dos al año a lo largo de la última década) rebajan dicha media.
Todos estos elementos han contribuido a la cada vez más secundada postura que cuestiona la toma de decisiones en torno al lenguaje, y a la pérdida de popularidad del organismo que regula el castellano desde hace más de tres siglos.
