El Senado argentino finalmente ha rechazado un proyecto de ley que aumentaba la presión fiscal sobre las exportaciones de granos y de manufacturas agroindustriales, que en este país totalizan 35.000 millones de dólares anuales. Esta medida había enfurecido al sector rural y había tumbado la popularidad de la presidenta, Cristina Fernández.
El proyecto había sido enviado por el Gobierno y era motivo de un duro conflicto con las patronales de agricultores.
La iniciativa del gobierno peronista socialdemócrata de la presidenta Cristina Kirchner se derrumbó por el voto de un hombre de sus filas, el vicepresidente Julio Cobos, quien debió desempatar una reñida votación.
Con esa medida, el gobierno esperaba recaudar sólo por derechos aduaneros unos 11.000 de los 24.000 millones de dólares que genera la cosecha de soja, el principal cultivo.
"No estoy traicionando a la Presidenta. Que envíe otro proyecto. Quiero que se alcance un consenso", dijo el vicemandatario, afiliado de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y aliado de Kirchner hasta este jueves, cuando causó una derrota parlamentaria en un país que es una potencia agrícola, líder mundial de exportaciones de harinas y aceites de soja.
Las carencias del oficialismo
La votación en el recinto había finalizado con un empate en 36 y la Constitución marca que el vicepresidente en ejercicio y titular provisional del Senado sea quien desempate, por lo cual la iniciativa volverá a Diputados, donde el oficialismo carece de los dos tercios reglamentarios para insistir con el proyecto aprobado hace dos semanas.
La economía argentina lleva cinco años de fuerte expansión gracias a un fuerte rebote del consumo doméstico tras el colapso financiero de 2001, mientras que los altos precios de las materias primas también motorizaron la reactivación del país, uno de los mayores proveedores globales de alimentos.
La disputa comenzó siendo por dinero, pero se transformó en una batalla política en la que el Gobierno aseguró que los productores responden a un plan para dar un golpe de Estado y destituir a la presidenta, lo que despertó el rechazo de las clases medias altas que decidieron apoyar al agro.
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