Una delegación de políticos norirlandeses aconsejó hoy al Gobierno colombiano y a las FARC que decreten cuanto antes un alto el fuego que acompañe al proceso de paz que preparan en La Habana, así como incorporar a su mesa a la sociedad civil y a las víctimas.
Este grupo inició una visita a Colombia esta semana para compartir sus experiencias, dado que desde hace 14 años ya no hay oficialmente conflicto armado en Irlanda del Norte, explicó en declaraciones a Efe el parlamentario Paul Maskey, del Sinn Fein (antiguo brazo político del inactivo Ejército Republicano Irlandés, IRA).
"Creo que debería haber un alto el fuego porque sé que funciona, nosotros tenemos la experiencia de un proceso de paz tras el fin de las hostilidades, y el problema es que si no se da y muere más gente, la negociación de paz se llenará de más resquemores", consideró Maskey.
El IRA decretó un alto el fuego en 1994, un hecho que según el parlamentario republicano favoreció que las partes del conflicto se sentaran a negociar durante cuatro años hasta que en 1998 se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, con el que se puso fin oficial al conflicto de Irlanda del Norte.
John McCallister, diputado en la Asamblea de Irlanda del Norte por el Partido Unionista del Ulster (UUP), expresó su esperanza en que el abandono bilateral de las armas sea declarado "al tiempo que empieza el proceso para crear un ambiente mucho más positivo".
Precisamente hoy, los delegados negociadores del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron una reunión técnica en La Habana para preparar los detalles de las conversaciones previstas para el próximo 15 de noviembre.
El proceso de paz colombiano se caracteriza por la condición de que sólo habrá alto el fuego cuando las partes firmen un acuerdo en todos los puntos de la agenda que consensuaron en agosto pasado, pues según el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sólo así se blindará "la seguridad del país".
Pero para McCallister, el anuncio de un alto el fuego "no significa que necesariamente dejes de garantizar la seguridad de tu Estado, y con un control mínimo no se pone en riesgo a la población de zonas del conflicto, sino que se logra un ambiente más propicio".
Otro rasgo de este tercer intento de paz en Colombia es que restringe al Gobierno y a la guerrilla la potestad de negociar, lo que han criticado desde el principio la sociedad civil y las víctimas, quienes piden un espacio en la mesa de diálogos.
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