El candidato de la izquierda a la presidencia de México lanzó el viernes una campaña publicitaria en medios y plazas para presionar al tribunal electoral para que invalidar el triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones de este mes por una presunta compra de votos y financiación ilegal.
La estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que quedó en segundo lugar en el recuento, es muy diferente a la que emprendió en 2006 cuando denunció un supuesto fraude en su contra tras optar por primera vez a la presidencia y perder por un estrecho margen.
El político, un popular ex alcalde de 58 años que lideró entonces prolongadas protestas callejeras, anunció el viernes el llamado "plan para la defensa de la democracia y la dignidad de México", mientras el Tribunal Federal Electoral analiza un recurso legal presentado por el izquierdista en el que acusa a Peña Nieto de haber ganado ilegalmente.
Los tres partidos de izquierdas que lo postularon a la presidencia realizarán una campaña informativa sobre las supuestas irregularidades a través de mensajes de radio, televisión y en redes sociales, entrega de panfletos en calles y asambleas informativas en plazas públicas de todo el país.
La estrategia busca recabar pruebas de las actividades ilícitas y firmas de los votantes en apoyo al movimiento, dijo en una de prensa López Obrador.
"No aceptamos el que se instaure una, no aceptamos vivir en un país caracterizado por la corrupción, por eso es este movimiento", afirmó el candidato.
"Están muy nerviosos (...) tengo información de que (en el PRI) se están reuniendo cada media hora, están consumiendo cientos de litros de café, porque se les pilló, los agarramos, pensaban que iba a ser fácil comprar la elección presidencial", dijo.
Sin convocatoria de propuesta
El izquierdista no ha convocado hasta ahora protestas callejeras, pero varias organizaciones civiles anunciaron recientemente movilizaciones que buscarán que Peña Nieto no asuma la presidencia el 1 de diciembre. López Obrador pidió que las manifestaciones fueran pacíficas.
El tribunal electoral debe dar el visto bueno a la elección, lo que implica declarar a Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como presidente electo, a inicios de septiembre.
Pero el político izquierdista alega que la campaña de Peña, un ex gobernador del partido que gobernó México durante siete décadas hasta 2000, fue financiada en parte con dinero procedente del blanqueo de dinero y que fueron comprados al menos cinco millones de votos.
Pese a que esta semana el presidente saliente Felipe Calderón se reunió con Peña para comenzar a revisar los términos de la transición, el partido gobernante se sumó el jueves a las exigencias de la izquierda para que se aclaren las denuncias.
Ambas fuerzas políticas están interesadas en que se revise el llamado "caso Monex". Monex es un grupo financiero local que, según las acusaciones, habría sido utilizado por el PRI para transferir fondos a tarjetas de débito en una operación para comprar votos.
El PRI aseguró que la transferencia de fondos a las tarjetas de Monex se realizó desde sus propias arcas y que fue para pagar a operadores políticos del partido durante la campaña.
"Ante la ausencia de votos y la ausencia de pruebas, lo que quieres es hacer una fiesta, un show, e insistir en un planteamiento de compra (de votos) que no han probado en ningún lado y que evidentemente no existe", dijo Jesús Murillo, defensor del triunfo de Peña en el tribunal electoral.
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