Venezuela empezará a prohibir a partir de este viernes la venta de armas de fuego y municiones a particulares por un año como parte de un plan oficial para combatir la violencia, una medida que según expertos tendrá un impacto relativo al dejar por fuera la lucha contra el masivo tráfico ilegal.
Con la mirada puesta en "desarmar a la población civil", el gobierno espera que la medida impida que más ciudadanos adquieran nuevas armas y municiones y que ahora su venta sea "sólo para los cuerpos de policía y la Fuerza Armada", según dijo recientemente el ministro de Interior, Tareck El Aissami.
Las nuevas regulaciones, aprobadas en febrero para su entrada en vigencia tres meses después, también prevén que las armerías, de las que permanecen abiertas 80 en el país, "dejen de existir como rubro comercial" y que éstas entreguen al Estado sus remanentes de armas y municiones.
Además, los cuerpos de seguridad, policías y fuerzas armadas deberán solicitar sus dotaciones de armas a CAVIM -ahora el único organismo estatal autorizado para importarlas-, previa aprobación del Ministerio de Interior.
Las armas ilegales
Para el criminólogo Fermín Mármol estas últimas medidas "van a impactar muy poco en la reducción de la delincuencia porque no están orientadas al epicentro del problema, que es impedir las armas ilegales en las calles".
"El control de las armas y municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas", señaló el experto a la AFP.
Mármol argumenta que hay "sólo 40.000 portes de armas legales" frente a entre 9 y 15 millones de armas ilegales que circulan en Venezuela (con unos 27 millones de habitantes), según una estimación oficial de 2009.
Las medidas que entrarán en vigencia el viernes son parte de un plan de desarme del gobierno, que desde 2011 aplicó otras iniciativas como la prohibición del otorgamiento de nuevos permisos de porte de armas o de su porte en espacios públicos, para enfrentar los flagelos de la violencia e inseguridad en el país.
Según datos oficiales, en 2010 se registraron 14.000 homicidios en Venezuela, es decir 48 por cada 100.000 habitantes -una tasa récord en América del Sur-, y más del 90% de estos asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.
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