El Gobierno eleva su poder en el Ibex y ya suma 34.000 millones en 'sus' cotizadas, sólo por detrás de Amancio Ortega y BlackRock

El relevo en la presidencia de Telefónica de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, auspiciado por el Gobierno con el respaldo de los principales accionistas de la compañía de telecomunicaciones, constata que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere influir de manera decisiva en la gestión de las empresas en las que está invirtiendo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y que no se trata de posiciones defensivas o meramente financieras.

Con Telefónica, a cuyo capital el Estado regresó el año pasado con la toma de un 10% y es hoy el primer accionista –su privatización se remonta a 1997–, Moncloa da así continuidad a la estrategia implementada en Indra, en la que la empresa pública también es el principal propietario y que estaba presidida hasta ahora por el propio Murtra, un hombre cercano al Partido Socialista de Cataluña (PSC).

La Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda, cuenta en la actualidad con participaciones en seis cotizadas españolas: Indra (27,99%), Telefónica (10%), Redeia (20%), Enagás (5%), IAG (2,52%) y Ebro Foods (10,36%). A ello suma el 4,12% en la aeronáutica francesa Airbus. El Estado también tiene presencia en el parqué con Aena, de la que, a través de Enaire (Grupo Fomento), suma el 51%, y con CaixaBank, de la que controla el 18,1% a través del FROB, ligado al Ministerio de Economía.

La exposición pública en el ámbito privado atañe así a sectores clave para la economía como el aéreo, el financiero, el energético, la defensa, la tecnología o las telecomunicaciones.

La valoración de las posiciones del Estado en las ocho cotizadas españolas (todas en el Ibex 35 salvo Ebro Foods) supera los 28.600 millones de euros. La cifra rebasa los 34.000 millones si se incluye Airbus. Esto convierte al Estado en el tercer mayor inversor de la bolsa española, sólo por detrás de Amancio Ortega, dueño de Inditex, y de la gestora estadounidense BlackRock.

Aena emerge como la participación más valiosa del Estado en bolsa. Su 51% se aproxima, con los precios actuales de mercado, a los 15.500 millones de euros. Le siguen CaixaBank, con 7.457 millones; Airbus, con 5.439 millones; Telefónica, con 2.144 millones; Redeia, con 1.701 millones; Indra, con 900 millones; IAG, con 473 millones; Ebro, con 255 millones; y Enagás, con 155 millones.

Cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno por primera vez, el 1 de junio de 2018, las participaciones de la Sepi, Enaire y el FROB en cotizadas españolas totalizaban un valor de 21.934 millones de euros. En estos años, el perímetro ha variado sobre todo por la compra del 10% de Telefónica en 2024, la escalada en Indra desde el 18,71% al 27,99% entre 2021 y 2022 y la absorción por parte de CaixaBank de Bankia (entonces el FROB tenía el 61,38% de la antigua Caja Madrid) y los posteriores incrementos en el accionariado del banco catalán debido a los dividendos y recompras de acciones. A ello se suma la revalorización conjunta en estos ya casi siete años, que se sitúa en aproximadamente el 25%. En términos comparables, la exposición a la bolsa española del Estado ha crecido un 35%.

La presencia del Estado en el capital de estas empresas tiene reflejo en el consejo de administración de todas ellas, con la excepción de IAG. Así, la Sepi cuenta con tres consejeros en Indra (el exministro Miguel Sebastián y los exdiputados socialistas Antonio Cuevas y Juan Moscoso); en Telefónica asoma Carlos Ocaña, jefe de gabinete adjunto de la Oficina Económica de Moncloa en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y coautor de la tesis doctoral de Pedro Sánchez; en Redeia domina con tres dominicales (Mercedes Real Rodrigálvarez, directora de Participadas de la Sepi, Ricardo García Herrera, expresidente de la Agencia Estatal de Meteorología, y Esther María Rituerto, exconsejera delegada de Navantia) y, además, la presidenta no ejecutiva es la exministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor, aunque con la categoría de otro externo.

En Enagás la Sepi suma dos consejeros (Santiago Ferrer, exdiputado en las Cortes de Baleares, y Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sepi) y también figuran como independientes los exministros socialistas José Blanco y José Montilla (expresidente de la Generalitat de Cataluña) y la exministra con el PP Ana Palacio y como consejero delegado Arturo Gonzalo Aizpiri, antiguo director General de Política Ambiental; en Ebro Foods tiene un representante (Jordi Xuclà Costa, exdiputado por el Convergencia i Unió -CiU).

Asimismo, en Airbus España cuenta con Amparo Moraleda como consejera desde 2015, cuando sustituyó a Josep Piqué, en un nombramiento rodeado de polémica por la oposición de la Sepi y del Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy.

Mientras, Enaire suma seis consejeros en Aena. Se trata en su mayoría de técnicos de los ministerios de Transportes (Beatriz Alcocer, María Carmen Corral, Angélica Martínez y Ainhoa Morondo, jefa de gabinete del secretario de Estado, José Antonio Santano), Economía (Manuel Delacampagne) e Industria (Ángel Faus, director de Comunicación años atrás del Grupo Parlamentario Socialista). El presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, que se desempeñó en el pasado como diputado por el PSC en el Parlamento de Cataluña, tiene la categoría de ejecutivo.

CaixaBank, por su parte, revela un representante del FROB en su consejo. Se trata de Teresa Santero, que fue secretaria General de Industria con Rodríguez Zapatero.

Contrarrestar el peso de STC

La Sepi irrumpió en el capital de Telefónica en marzo de 2024 con una toma inicial del 3% por alrededor de 700 millones. Continuó comprando en las semanas posteriores, hasta situar su participación en mayo del pasado año en el 10%. Para ello desembolsó, en total, en torno a 2.285 millones de euros. Fruto de esta posición, el Gobierno de inmediato reclamó un asiento en el consejo de administración de la teleco, concedido al referido Carlos Ocaña.

La Sepi explicó que con su entrada en el capital de Telefónica "aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas" de la compañía. Aunque no lo explicitó, el movimiento buscó contrarrestar el peso de Saudi Telecom Company (STC), una firma controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, PIF. Esta sociedad compró sorpresivamente en septiembre de 2023 el 4,9% del principal operador español de telecomunicaciones y contrató derivados por otro 5%.

El consejo de ministros, en virtud de la norma aprobada durante la pandemia para proteger empresas estratégicas de las inversiones extranjeras, autorizó en noviembre pasado a STC a convertir estos instrumentos en acciones y hacerse así con hasta el 9,97% del capital de manera directa. La multinacional saudí acaba de anunciar su intención de convertirlos en títulos y ahora se espera que entre en el consejo de manera inmediata.

Con el 10%, la Sepi se erige en el primer accionista de Telefónica, por delante de Criteria, que durante el pasado año también movió ficha y escaló en el capital hasta alcanzar el 9,99% del accionariado. La entidad catalana compró la participación de su participada CaixaBank, histórico accionista de la teleco desde que ésta fuera privatizada a finales del siglo pasado, y paquetes adicionales en el mercado.

Los otros dos accionistas con posiciones relevantes en Telefónica son BBVA, con el 4,86%, y BlackRock, con el 4,29%. La mayor gestora del mundo recibió en septiembre pasado la autorización del Gobierno para hacerse con GIP, poseedora del 20% de Naturgy, otra de las empresas estratégicas sobre la que Moncloa se ha garantizado derechos.

El cese de Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica los casi últimos nueve años, fue promovido por la Sepi y comunicado al interesado en el Palacio de la Moncloa el viernes de la semana pasada por la tarde. La decisión fue respaldada por Criteria, socio del Estado también en CaixaBank y que tras el nombramiento de Ángel Simón como consejero delegado el pasado año ha emprendido una etapa mucho más activa.

Con Murtra, el Gobierno coloca a una figura de su máxima confianza como primer ejecutivo de Telefónica, cuya cúpula directiva es de prever que sea renovada al menos parcialmente. Asume la presidencia con el desafío de recuperar su cotización, el gran debe en la etapa de Álvarez-Pallete. El nuevo presidente abundará en la transformación del grupo, aunque habrá que esperar para descubrir si emprende renovadas apuestas orientadas a la tecnología o la defensa, nichos en los que se desenvuelve la empresa que había sido su casa hasta ahora, Indra.

La tecnológica es la cotizada por la que más ha apostado el Estado, hasta Telefónica, y en la que mayor influencia ha ejercido, con permiso de Aena, en la era Sánchez. Entre 2021 y 2023 escaló desde el 18,7% al 27,99%, con una inversión de 173,5 millones –hoy vale 310 millones–. Indra compró en 2023 la el 9,5% de la vasca ITP Aero, una empresa estratégica para el Gobierno. En círculos próximos a Moncloa se apunta a la aspiración última de que Telefónica e Indra -ahora presidida por Ángel Escribano, copropietario de Escribano, segundo accionista de la compañía- lleguen a unirse o, al menos, a generar sinergias estratégicas en los campos de la defensa, el espacio y la tecnología, si bien esto, por ahora, no se vislumbra en el corto ni en el medio plazo.

Fuera del parqué la Sepi compró en 2021 a Duro Felguera el 40% de Epicom, especializada en el diseño de soluciones criptográficas, y se reservó la opción de compra sobre el 60% restante. En 2023 lo ejerció para dar entrada a Indra y Grupo Oesía con un 30% cada uno.

Ya en el ámbito del FROB, el Estado ha reforzado su participación en CaixaBank hasta el 18,1%, desde el 16,1% que tomó tras la fusión con Bankia -nacionalizada en 2012-. Una escalada devenida por los dividendos y las recompras de acciones. Por ahora, su estrategia, frente a lo que ocurre en otros países, es la de mantener estable su posición.

Este planteamiento se alinea con la decisión del Gobierno de Sánchez de recuperar poder en sectores estratégicos con la premisa oficial de salvaguardar la seguridad y el interés nacional. En este marco creó el denominado escudo antiopas –esta misma semana decaído–, que ya ha utilizado para detener ofensivas extranjeras como la de la húngara Magyar Vagon en Talgo. No en vano, tras Telefónica, el fabricante de trenes podría ser el siguiente en incorporarse al perímetro de la Sepi y, por tanto, de Moncloa que, reflejo de su creciente intervencionismo, también ha anticipado su oposición a la fusión de BBVA y Banco Sabadell.