Aunque hoy no es fiesta en Estados Unidos, la comunidad hispana propone una jornada "sin inmigrantes" para que Gobierno reforme las leyes de inmigración.
Quienes apoyan el boicot nacional del lunes en apoyo a los inmigrantes ilegales predicen que millones de ellos no acudirán a sus trabajos o escuelas y marcharán en apoyo a una revisión de las leyes migratorias de Estados Unidos.
La medida de fuerza ha causado una pelea entre las filas de aquellos que apoyan los derechos de los inmigrantes debido a la estrategia elegida, ya que algunos temen que la acción dispare un contraataque y se preguntan cuánta gente participará en el boicot.
Quienes están a favor dicen que la medida es necesaria para empujar al presidente George W. Bush y a un Congreso dividido a poner fin a la disputa en pleno año electoral y aprobar una ley que ayude a los alrededor de 12 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
"Todos perderemos si continuamos jugando este juego siniestro de condenar a un segmento de la población a vivir y trabajar en las condiciones de esclavos modernos", dijo Juan José Gutiérrez, director de Movimiento Latino de Estados Unidos.
Los organizadores del boicot desean una amnistía y la eventual ciudadanía para los inmigrantes ilegales, y predicen que varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos quedarán paralizadas cuando los inmigrantes principalmente hispanos dejen sus trabajos y estudios y participen en mítines masivos.
Los sindicatos de maestros en las principales ciudades han dicho que los niños no serán castigados por abandonar las clases. En Nueva York, los líderes de la Coalición 1 de mayo, que organiza el boicot, dijeron que una creciente cantidad de negocios se ha comprometido a cerrar y permitir que sus empleados participen en la manifestación en Manhattan.
Los mayores procesadores de carne de Estados Unidos, entre ellos Cargill, Tyson Foods y Seaboard, ya anunciaron que cerrarán sus plantas. "El Gran Boicot del 1 de mayo, un día sin inmigrantes", es el paso que sigue a las manifestaciones de cientos de miles de personas que salieron a las calles el 10 de abril.
Indignación
Esas protestas estuvieron impulsadas por la dura ley aprobada en la Cámara de Representantes -de mayoría republicana- que criminalizaría a los inmigrantes ilegales, castigando a aquellos que los ayuden, y construyendo un muro a lo largo de gran parte de la frontera con México. Un proyecto consensuado entre republicanos y demócratas, estancado en el Senado, también impulsaría una mayor seguridad en la frontera