Su corta estatura y su autoritarismo le valían ya el apodo de Napoleón. La comparación amenaza con perseguir a Nicolas Sarkozy como chicle pegado al zapato, a la vista de sus nuevos intentos de controlar la justicia y los medios de comunicación.
En el más puro estilo "emperador", sin avisar ni consultar con nadie, el presidente francés propuso ayer suprimir la figura del juez de instrucción, desencadenando una avalancha de críticas de políticos y juristas, inquietos por la independencia del poder judicial si todas las investigaciones penales quedan en manos de la Fiscalía, que depende del Ministerio de Justicia.
Jueces de instrucción
Paradójicamente, fue el propio Napoléon Bonaparte quien creó los jueces de instrucción hace dos siglos. Desde entonces, ese tipo de magistrados ha gozado de independencia y amplísimos poderes para investigar los delitos más graves, ordenar escuchas telefónicas, registros domiciliarios e incluso la prisión preventiva durante un periodo de tiempo indefinido.
Los jueces de instrucción han sido criticados a veces por un uso desmesurado de sus poderes, y también por sonados errores como el escándalo Outreau, que destrozó la vida de una docena de inocentes: fueron encarcelados durante más de un año, acusados de pedofilia, a causa de la muy deficiente investigación de un juez tan joven e inexperto como obstinado.
32.000 casos penales al año
En defensa de los 613 jueces de instrucción que ejercen actualmente hay que decir que se enfrentan a una enorme carga de trabajo, 32.000 casos penales al año, los más importantes, aunque sólo representan un 5 por ciento del total.
La reforma por la que aboga Sarkozy responde efectivamente a la necesidad de modernizar y simplificar el sistema judicial para evitar sus errores y acelerar sus procedimientos, pero la clave del problema reside en el estatus futuro de la Fiscalía. Mientras los fiscales sigan siendo nombrados por decreto por el presidente de la República y reciban órdenes directas del ministro de Justicia, la supresión del juez instructor supondrá un mayor control del poder ejecutivo sobre el judicial.
"Es la muerte de la justicia penal independiente", ha declarado ya, sin embargo, la presidenta del Sindicato de la Magistratura, Emmanuelle Perreux. Para el presidente de la Unión Sindical de Magistrados, Christophe Regnard, "ya no habrá casos económicos o de salud pública que pongan en entredicho a políticos o a empresarios próximos a los políticos".
Adiós a la publicidad
El revuelo sobre la supresión de los jueces de instrucción se añade al que ha causado la eliminación de la publicidad en las cadenas públicas de televisión entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, la medida más llamativa de una reforma que también acrecentará el control del poder político.
Una vez más, Sarkozy está en la picota debido a sus métodos. También por sorpresa, el jefe del Estado anunció el año pasado la supresión de la publicidad, que será total en el audiovisual público a partir de 2011. La medida se está debatiendo aún en el Parlamento -ayer mismo llegó al Senado- lo que no ha impedido que entrara en vigor el lunes pasado, gracias a una orden interna de un resignado presidente del ente público de televisión.
Sarkozy asegura que quiere hacer de France Télévisions un servicio público de calidad capaz de rivalizar con la prestigiosa BBC británica, pero aún no está del todo claro cómo se va a compensar la pérdida de 450 millones de euros anuales de ingresos por publicidad. Lo que sí es seguro es que las televisiones privadas tocarán a más en el reparto del pastel publicitario, y entre ellas la primera cadena, TF1, que es propiedad del empresario Martin Bouygues, amigo íntimo del presidente.
Las estrechas relaciones del jefe del Estado con numerosos empresarios franceses de la comunicación habían suscitado ya más que suspicacias. No contento con ello, Sarkozy se propone nombrar directamente al presidente de France Télévisions, alegando que es menos hipócrita que el sistema actual, que sigue instrucciones de las altas esferas del poder.
Sarkozy optimista sobre Gaza