El Gobierno se distancia del caso Rato por ser "un asunto particular"

MADRID (Reuters) - El Gobierno español enmarcó el viernes la investigación sobre el patrimonio de Rodrigo Rato en el ámbito privado del exvicepresidente económico del Ejecutivo y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, intentando distanciarse de un escándalo que afecta al que fuera uno de los pilares del Partido Popular.

La investigación ordenada por la fiscalía de Madrid por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes no tiene relación con la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó en 2012, sino con el patrimonio de Rato en el extranjero, aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también insistió en que el caso se enmarcaba en el "ámbito privado" y dijo que el Gobierno no tenía previsto dar explicaciones más allá de una comparecencia el próximo martes del director de la Agencia Tributaria en el Congreso.

"Da igual la pertenencia a un partido o no, el relieve social o el relieve político o el poder político o económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la ley y eso es algo que tiene que preservar y hacer cumplir un Gobierno", dijo Montoro, queriendo enviar un mensaje de contundencia en la lucha contra el fraude en un importante año electoral.

En declaraciones al diario El País, Rato dijo el viernes que no tenía sociedades en paraísos fiscales, ni en un ningún país de fuera de la Unión Europea. También se desvinculó de un posible alzamiento de bienes y dijo que no había realizado "ninguna compra, ni venta" de sus propiedades "en los últimos 13 meses".

No fue posible contactar directamente con Rato ni con sus representantes legales de forma inmediata.

NUEVOS REGISTROS

Una denuncia de la fiscalía precipitó el jueves por la tarde sendos registros en el domicilio y despacho de Rato que fueron retransmitidos casi en directo en medio de un gran frenesí mediático en el enésimo escándalo que afecta a la clase política española.

El viernes, el que fuera ministro de Economía entre 1996 y 2004 en los gobiernos de José María Aznar volvió a estar varias horas en su despacho en el madrileño barrio de Salamanca mientras agentes de la Agencia Tributaria continuaban recabando información sobre su patrimonio.

Mientras, el decanato de Plaza de Castilla adjudicó al Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato y otros cuyos nombres no se han difundido.

El nuevo frente judicial que afronta el que fuera uno de los políticos más reputados de la primera década del siglo XXI en España generó una catarata de reacciones políticas.

En un momento de gran crispación ciudadana por la proliferación de casos de corrupción en las altas esferas políticas, entre la oposición no faltaban las peticiones de que se asuman responsabilidades.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la dimisión de Montoro y una comisión de investigación sobre el caso, mientras el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, instó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a asumir su responsabilidad.

El ex director gerente del FMI, que está suspendido provisionalmente de militancia en el Partido Popular, tiene otros dos frentes judiciales abiertos.

Es uno de los altos cargos imputados por la Audiencia Nacional por un presunto fraude sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Además, también se está investigando el uso que hicieron él y otros 85 consejeros y directivos de Caja Madrid y luego de Bankia de unas tarjetas de crédito no declaradas y concedidas al margen de los estatutos de la entidad financiera.

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