El Gobierno francés ha plantado cara a la industria en un encarnizado combate contra la obsolescencia programada, que implica que la empresa produce bienes con una caducidad estipulada de antemano.
La tarea es titánica, debido a la implantación de este concepto en la economía occidental, espoleador del consumo, por lo que Francia ha apostado por implementar medidas de alcance por la vía penal y administrativa.
Así, los empresarios estarán expuestos a penas de cárcel, y las multas a las compañías podrán ascender hasta los 300.000 euros, según informa el portal Puromarketing.com. Estas medidas vendrán a completar la Ley de Consumo actual y pretenden erigirse como un modelo para otros países europeos.
La iniciativa partió de la formación política de Los Verdes, quienes argumentaban que la obsolescencia programada era nociva para el medio ambiente, la sostenibilidad y componía un engaño para el consumidor.
Frente a esto, el Gobierno galo tratará de fomentar el consumo de productos duraderos, instando a aumentar el tiempo de garantía o garantizando la existencia de piezas de sustitución.
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