MADRID (Reuters) - El Gobierno español aprobó el viernes un nuevo anteproyecto de ley en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal que prevé una multa mínima de 10.000 euros por ganancias patrimoniales en el extranjero que no se declaren.
La nueva ley, que aun tendrá que ser ratificada por el Congreso de los Diputados, prohibirá pagos en efectivo superiores a 2.500 euros y estipula la no prescripción de deudas fiscales relacionadas con cuentas en el extranjero, dijo la portavoz y vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
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