El Parlamento vasco investigará los casos de los bebés robados

El pleno aceptaba así una propuesta del Ararteko, el Defensor del Pueblo en la región, después de que varias tumbas de neonatos aparecieran vacías en investigaciones sobre el tema en País Vasco.

"Son muchas las dudas, las sospechas, los datos ocultados, y muchas las evidencias después de las exhumaciones practicadas en las últimas semanas. Y, sobre todo, muchas las víctimas de esta trama de bebés robados y adopciones ilegales", indicó la proposición no de ley.

Hace más de un año se desató el escándalo en España cuando salieron a la luz dramáticos testimonios de madres convencidas de que les habían robado a sus bebés nada más nacer y también de presuntos "niños robados" que buscaban a su familia biológica. Sin embargo, meses después de denunciar ante la justicia lo que en apariencia eran tramas de tráfico de recién nacidos, la falta de pruebas por el paso del tiempo amenaza con dar carpetazo a la mayoría de los casos.

Las tramas, en las que supuestamente participaban médicos, enfermeras, matronas, monjas y diversos intermediarios, se pudieron prolongar incluso hasta principios de los años 90, poco después de que en 1987 cambiase la ley de adopción, que favorecía el poder de los centros de maternidad para amañar la adopción o venta de bebés.

TUMBAS VACÍAS

En el País Vasco se han contabilizado 320 casos de bebés robados y adopciones ilegales, de los que unos 200 están en proceso de judicialización, según los datos de SOS Bebés robados y de la Fiscalía Superior de Justicia del País Vasco.

La presidenta de la nueva comisión, la parlamentaria socialista Mertxe Agundez, recordó tras su nombramiento que el principal problema al que se enfrentan los afectados es el de la prescripción del delito, que ha llevado al archivo del 10% de las denuncias presentadas hasta el momento. Por tanto, Agundez pidió que no se generen "falsas expectativas" sobre las posibilidades de su trabajo.

La judicialización de algunos de los casos en el País Vasco ha dado lugar ya a algunas exhumaciones de bebés supuestamente muertos, y al menos en dos ocasiones no se encontraron restos humanos, lo que da pie a los afectados para plantear la hipótesis de que los niños dados por muertos fueron vendidos a otras familias a cambio de dinero.

La abundancia de casos de bebés robados en el País Vasco, sobre todo en territorio guipuzcoano, y la alarma social que ha provocado este hecho ha movilizado a las instituciones vascas, pioneras en la promoción de actuaciones que faciliten el esclarecimiento de los hechos.

Así, y además de la comisión parlamentaria hoy instituida, el Gobierno de Patxi López nombró en su momento una comisión interdepartamental para coordinar las investigaciones y creó una ventanilla única para atender a los afectados.

La comisión parlamentaria, formada por parlamentarios del PSOE, PP y PNV, estudiará la normativa, citará a comparecer a los implicados y propondrá los cambios legislativos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

En su primera reunión, prevista para los próximos días, los comisionados elaborarán un plan de trabajo que incluirá la comparecencia de particulares, autoridades, funcionarios e instituciones públicas implicadas.

Podrán, además, incorporar a la comisión a especialistas y asesores para analizar de forma pormenorizada toda la normativa referida a los expedientes de adopción, y proponer reformas legislativas para esclarecer los hechos y que estos no vuelvan a producirse.

El pleno del Parlamento vasco aprobó el pasado mes de febrero la creación de esta comisión por unanimidad, a la vista de las dificultades de los afectados por los casos de bebés robados para recopilar documentos que permitieran la investigación de los hechos y su demostración, con el fin de interponer denuncias.

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