Nada menos que 60.000 millones de euros: dos veces el plan de ajuste Salva Italia, recién aprobado para rescatar el país al borde del abismo. Tanto pesa la corrupción sobre la economía transalpina, según el Tribunal de Cuentas de Roma, que esta estimación atribuye a Italia la mitad de todos los sobornos de Europa.
El dato recién desvelado representa la magnitud del problema para un país que acaba de entrar en recesión y tiene que lidiar con 1,8 billones de débito, "una amenaza para la libertad de empresa" que "mina la confianza de los inversores extranjeros", dicen los jueces fiscales. Aún más que los problemas del mercado de trabajo o la escasa liberalización de los servicios.
Impuestos ocultos
Desde hace décadas en Italia, el impuesto oculto que supone la corrupción supone sobre todo que los costes de las obras públicas son los más altos de Europa. Con las investigaciones que se sucedieron a raíz del escándalo de Tangentopoli (ver apoyo más abajo), Italia descubrió hasta qué punto podía aumentar el presupuesto de una línea de ferrocarril en Milán administrada por los socialistas de Bettino Craxi: la obra que antes de 1992 costaba 83.000 millones de liras (unos 40 millones de euros) por kilómetro, tras la intervención de los fiscales había pasado a costar la mitad.
Desde entonces, la situación ha vuelto a empeorar. Las cifras para la construcción del AVE italiano, que se está llevando a cabo estos años, son las más significativas: aunque la corrupción no sea el único problema de Italia (está la mafia, la lentitud de la burocracia y la justicia...) el dato sigue siendo sorprendente: el tren de alta velocidad cuesta en el país transalpino entre 20 y 96 millones por kilómetro, respecto a los 10 millones de Francia y a los 9 de España.
En los grandes eventos
El impuesto oculto de la corrupción es también evidente en las organización de grandes acontecimientos internacionales. En 2008, la cumbre del G-8 tenía que celebrarse en la pequeña isla de LaMaddalena, gracias a la rehabilitación de un antiguo puerto militar. Frente a un presupuesto de 295 millones, la cuenta definitiva alcanzó los 476 millones. Y al final, Berlusconi decidió celebrar la reunión de los líderes mundiales en L'Aquila, la región que se vio afectada por un virulento terremoto.
En torno a la reunión del G-8 en LaMaddalena se ha abierto una investigación. Como hace 20 años, los fiscales siguen desvelando casos. En el último año del Gobierno Berlusconi, el cáncer de la gestión de las obras publicas había conseguido imponerse a los escándalos sexuales del primer ministro.
El Ejecutivo había centralizado la gestión de grandes eventos (desde las cumbres internacionales hasta los mundiales de natación) en una estructura aparentemente inadecuada: la correspondiente a protección civil. Las obras, tras acumular años de retraso, experimentaban acelaraciones con un consecuente aumento de los costes, mientras los empresarios llamados a gestionar la emergencia de infraestructuras buscaban la manera de demostrar su gratitud. En mayo de 2010 dimitió el ministro de Industria Claudio Scajola. A diferencia del presidente alemán Wulf, Scajola no había recibido un préstamo hipotecario en condiciones ventajosas sino que un empresario del ladrillo le había entregado 1,1 millones de dinero negro para comprar un piso de 1,7 millones. Cuando los fiscales le pidieron explicaciones, el ministro intentó disimular: estaba convencido que aquel pisito de 180 metros cuadrados con vista al Coliseo de Roma sólo costaba 600.000 euros. Si alguien había pagado la diferencia tuvo que ser a sus espaldas, dijo.
Regreso a los Noventa
Pero las investigaciones no han afectado sólo Berlusconi y sus ministros. En Roma acaba de estallar otro escándalo que afecta a la izquierda: el tesorero de uno de los movimientos que se unieron en 2007 para formar el progresista Partido Democráta está acusado de la desaparición de 13 millones de euros de dinero público. De hecho, la cuestión de la financiación de los partidos fue, hace veinte años, el tema central de Tangentopoli. Lo dejó claro el líder socialista Craxi en uno de sus últimos discursos ante el Parlamento en 1992. "Lo saben todos, gran parte de la financiación a los partidos políticos es irregular o ilegal. Los partidos han recurrido al uso de recursos adicionales de forma irregular o ilegal. Si esta materia tiene que ser considerada materia puramente criminal entonces gran parte del sistema sería un sistema criminal".
Este sistema criminal que contribuyó a crear la enorme deuda pública italiana (que justo en 1992 empezaba a superar el 100% del PIB) ha cambiado pero no ha desaparecido y sigue teniendo consecuencias sobre la tercera economía de la Eurozona. Se trata de un problema más sobre la mesa del Gobierno tecnócrata de Mario Monti que está estudiando una nueva norma anticorrupción.
Una desafortunada efeméride
El 17 de febrero de 1992 se inició una importante etapa para la política italiana denominada Tangentopoli (que significa 'ciudad de los sobornos', en referencia a Milán) o Manos limpias, una operación judicial que se proponía investigar la trama de corrupción y sobornos que involucraba a las más altas esferas estatales. Con el objetivo de realizar una importante purga, se descubrió la implicación de relevantes figuras políticas nacionales, como el exprimer ministro socialista Bettino Craxi, emblema de esta convulsa fase política, que huyó de la justicia italiana (a Túnez) para no someterse al proceso. Se consideraba que la investigación judicial sellaba el fin de la primera República y el inicio de una nueva etapa política para Italia. Pasados veinte años y con la perspectiva del tiempo, la situación parece haber cambiado poco: en Italia, continúan la ilegalidad y la corrupción, alcanzando dimensiones superiores a las que se conocen o se consiguen detectar.
El éxito de Monti podría demorar las reformas
