Los tres Gobiernos europeos que se han situado en el foco de atención -y de las dudas- esta semana quieren evitar que los mercados financieros, las agencias de calificación de rating, Bruselas o el Banco Central Europeo vuelvan a sacarles los colores... al menos a corto plazo.
Aunque con mayor o menor autonomía y contundencia, aspiran a dejar claro que van a actuar para responder a esas turbulencias y para evitar que se prolonguen y se extiendan como la pólvora por el Viejo Continente. Con ese objetivo, han adelantado en las últimas horas que ultiman sus nuevos programas de ajuste fiscal para presentar en las próximas dos semanas. Italia y España tenían previsto realizar estos ajustes la semana próxima, sin embargo a última hora Berlusconi adelantó la reunión de su gabinete a hoy viernes para afrontar la crisis.
El Gobierno italiano ha sido el que más en serio se ha tomado las advertencias a juzgar por la contundencia de las medidas anunciadas que estaba previsto que aprobara el 18 de agosto y que finalmente se adelantó a hoy. Ayer, el ministro de Economía, Giulio Tremonti, avanzó que se proyecta subir el gravamen sobre las rentas de capital hasta tipos que oscilan entre el 12,5 y el 20%. Este alza afectará a todos los rendimientos derivados de los activos financieros tales como acciones o participaciones.
Los tres Ejecutivos tienen objetivos comunes, entre los que destaca el compromiso de convertir en ley el equilibrio presupuestario, una iniciativa que Italia y Francia estudian a escala estatal y que España adoptará en el ámbito autonómico.
Por el lado de los ajustes, las subidas fiscales -como ha avanzado Italia- se aventuran como la respuesta principal para recortar unos déficits públicos comprometidos con Bruselas y que, mientras Madrid y París deben situarlo en el 3% en 2013, una ambiciosa Roma quiere llevar al 0% dentro de dos años. Las reformas son el tercer frente abierto, pero aquí es el Gobierno de Silvio Berlusconi el que parece dispuesto a hacer más movimientos con una reforma laboral y otra de pensiones en la guantera, algo que España, tras someterse a dos planes de ajuste de calado después de los rescates de Grecia e Irlanda, ya aprobó.
Italia, la más firme
Los avisos a Italia, acrecentados con la llegada del verano, parece que no han caído en saco roto. Tremonti no se ha cortado en reconocer que los ajustes que aprobará serán "incisivos" y las medidas "muy fuertes". De hecho, Italia ha adelantado un año -a 2013- su objetivo de déficit cero que recogía el plan de austeridad de 79.000 millones aprobado a mediados de julio.
Sin concretar, el Gobierno de Silvio Berlusconi ha dibujado los capítulos que se verán afectados por el recorte fiscal. Por un lado, Roma ha recogido el guante del BCE que instaba a realizar un plan de privatizaciones urgentes de los servicios locales, así como a poner en marcha una reforma laboral y otra de pensiones. El Ejecutivo también se ha comprometido a limitar sus cuentas públicas en la Constitución, mientras no descarta reducir el sueldo a los empleados públicos.
Sobre la mesa hay también medidas fiscales que podrían castigar a los patrimonios más altos o la segunda vivienda o incluso una congelación de las pensiones.
Las dudas sobre Francia
Francia ha sido el último Estado en incorporarse a la lista de los cuestionados, pese a que las agencias de rating ratificaron su AAA en la misma jornada en la que todos las dudas sobre si su deuda podría bajar un escalón propiciaron una caída en las bolsas que tiñó de rojo las principales plazas europeas. Standard & Poor's llegó a sentenciar que Francia "es más seria con la deuda que EEUU", pero ni esas palabras libraron al presidente francés, Nicolas Sarkozy, que no pudo permanecer ajeno a la oleada de recortes para hacer frente al déficit.
El líder galo anuló el miércoles sus vacaciones y reunió a su gabinete de crisis para anunciar que el día 24 de agosto aprobará un conjunto de ajustes que someterá a un primer examen el próximo miércoles, día 17. Entre las medidas avanzadas está la supresión de ciertas ventajas fiscales de las 500 actuales que restan al Estado unos 72.000 millones de recaudación al año.
Igualmente, Sarkozy insiste en su intención de realizar un cambio en la Constitución para obligar a respetar el equilibrio de las cuentas públicas. Este proyecto ya fue aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado, pero para entrar en vigor necesita ser ratificado por ambas Cámaras a la vez y los socialistas no están dispuestos a respaldar su aprobación.
Entretanto, son muchas las opciones que baraja el Elíseo y que ha recogido la prensa gala en las últimas horas. Les Echos apunta a la posibilidad de que se incremente el impuesto a las plusvalías inmobiliarias y se aumente en un 1 ó un 2% la contribución de los hogares que declaren más de un millón de euros al año. La Tribune apunta a un probable recorte en la lista de medicamentos reembolsados, así como a una subida del IVA (hoy en el 19,6 por ciento).
La posibilidad de que haya más recortes de gasto del Estado y de la Seguridad Social están ahí, pero son menos viables teniendo en cuenta la factura electoral que pueden pasar a Sarkozy de cara a las presidenciales de abril de 2012.
Las promesas de España
El tercer plan de ajuste fiscal del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se encargó de avanzarlo el presidente en primera persona el día que anunció el adelanto electoral al 20-N. Las convulsiones en los mercados no se habían desatado, pero las dudas sobre el cumplimiento fiscal -especialmente por las autonomías- le llevaron a apuntar nuevas medidas para reducir sí o sí el déficit al 6% este año.
Anunció la convocatoria de un Consejo de Ministros el día 19 para dar luz verde a tres medidas (siempre y cuando la tijera no sea mayor) que, poco a poco, se han concretado.
El pasado miércoles, Zapatero aplazó sus vacaciones y reunió en Moncloa a su equipo económico y, el domingo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado, ofreció al BCE los detalles del nuevo plan, horas antes de que éste anunciara que compraría deuda española e italiana. Esta reacción pudo haber evitado que el organismo regulador le dirigiera una carta -como hizo en el caso de Italia- con exigencias concretas.
Salgado avanzó que España aprobará, en el plano fiscal, una modificación del Impuesto sobre Sociedades para incrementar los pagos a cuenta de las grandes empresas -que no han recibido bien la medida- con el objetivo de lograr unos ingresos fiscales en torno a los 2.500 millones este mismo año. En materia laboral, el Gobierno va a aumentar la flexibilidad (sobre todo, de horario) del contrato a tiempo parcial para contribuir a la creación de empleo y fomentar la formación.
Mientras, el tijeretazo propiamente dicho llegará de la mano del gasto farmacéutico. El decreto ley obligará a que dispensar el medicamento más barato entre los que tengan el mismo principio activo. El ahorro calculado por Economía será de 2.400 millones anuales.
En el capítulo del compromiso con el déficit, el Ejecutivo, por el momento, no ha movido ficha para establecer un límite presupuestario del conjunto de las Administraciones en la Constitución -como reclamó la canciller alemana o el PP-. Sí ha urgido a las comunidades a que ultimen en septiembre la regla de gasto que deberá aprobar cada Parlamento autonómico, tal y como acordó el último CPFF.
Con estas medidas anunciadas y otras en el cajón -como la subida del Impuesto sobre Hidrocarburos-, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se permitió sacar pecho porque Zapatero "ya encauzaba" las medidas mientras el resto de líderes europeos disfrutaba de sus vacaciones. El portavoz insistió en que las iniciativas que ahora plantean algunos países europeos se vienen haciendo en España "desde hace tiempo".
Italia examina nuevas medidas para salir de la crisis
