El régimen expirará a más tardar el 31 de diciembre de 2014, y Bruselas asegura que las autoridades españolas se han comprometido en firme a no prorrogar el régimen en ningún caso más allá. Ahora habrá que ver si los mineros lo juzgan suficiente y ponen fin a sus violentas movilizaciones.
Concretamente, Bruselas dio luz verde a un decreto español destinado a garantizar que el carbón español represente al menos el 9% de las fuentes de energía utilizadas para producir electricidad en el país, e invoca una ley europea que permite a un país decidir ese nivel, hasta un máximo de 15%.
Según fuentes diplomáticas, las ayudas aprobadas representan unos 300 millones de euros al mes, aunque esa suma se reducirá en un tercio cada año.
"Medida transitoria y necesaria"
"España alegó que es una medida transitoria necesaria" para garantizar el "suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue estando mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad", indicó en un comunicado el gendarme de la competencia en la Unión Europea (UE).
La Comisión ratificó además la fecha límite de estas ayudas prometida por el gobierno español: a más tardar el 31 de diciembre de 2014, si bien "las autoridades podrán ponerles fin antes, si ya no resulta necesario a la luz de las condiciones del mercado".
La decisión de Bruselas coincide con una intensificación de las movilizaciones por parte de los mineros españoles para reclamar garantías de futuro a ese sector, que en 2009 estuvo en el origen del 25% de la electricidad del país.
Un grupo de 200 mineros finalizaron este miércoles una "marcha negra" de nueve días para denunciar la situación de las minas de carbón en España y reclamar el pago de sus salarios, congelados en un contexto de incertidumbre.
La Comisión Europea había anunciado en julio que esperaba ver cerradas de aquí a mediados de octubre de 2014 las mineras hulleras subvencionadas que siguen activas en la UE cuando hasta ahora se hablaba de 2022 como fecha tope.
El adelanto de la fecha todavía debe ser aprobado por los 27 países miembros de la UE, entre éstos España, Alemania y Rumania, donde se hallan la mayoría de las minas subvencionadas.
Los mineros protestan por su situación
