La confederación británica de sindicatos Trade Union Congress (TUC) advirtió hoy de que los duros y rápidos recortes que prepara el Gobierno conservador-liberaldemócrata para atajar el déficit público causarán un "daño irreparable" a la sociedad británica.
En un comunicado emitido en vísperas del comienzo el lunes de su congreso anual, el TUC hizo público un amplio estudio que demuestra que el recorte de las ayudas sociales dejará en una situación más precaria a los más pobres y afectará sobre todo a los jubilados, madres solteras, discapacitados y minorías étnicas.
En su nota, los sindicatos subrayan además que, si en cualquier circunstancia despedir a decenas de miles funcionarios -como prevé hacer el Ejecutivo- causaría "un gran estrés", "hacerlo cuando hay pocas opciones de encontrar otro empleo es cruel".
"La sociedad y la economía británica corren un grave peligro por la temeraria política de rápida reducción del déficit", subrayan los representantes de los trabajadores.
Una huelga, posible respuesta
El TUC analizará en su congreso la posible respuesta a los recortes planeados por el Gobierno de coalición, que se concretarán el próximo octubre, cuando el ministro de Economía, George Osborne, presentará su informe de revisión del gasto, con recortes de hasta el 25 por ciento previstos en todos los ministerios excepto los de Sanidad y Cooperación Internacional.
El Gobierno ya ha adelantado que prevé retirar 32.000 millones de libras de la economía (38.700 millones de euros), entre aumentos de los impuestos y reducción del gasto público, a partir de abril del 2011, que se sumarán a los 8.900 millones ya recortados este año.
En vista de la posible ola de huelgas que se avecina, tanto la agrupación de empresarios Confederación de la Industria Británica (CBI) como los centros de estudios conservadores han redoblado su presión para dificultar la ejecución de medidas de fuerza.
Así, Policy Exchange, un "think tank" próximo a los "tories" de David Cameron, aboga hoy por que se requiera un porcentaje más alto de trabajadores que apoyen la huelga antes de autorizarla, al tiempo que debería especificarse de antemano su forma y duración, de manera que el incumplimiento de estos requisitos la deslegitimara.
En respuesta a esta propuesta, el secretario general del sindicato del Transporte, Bob Crow, advirtió de que existe un esfuerzo concertado entre empresarios y grupos de presión para "constreñir la legislación hasta el punto de prácticamente ilegalizar las huelgas en este país".
"Esto es un asalto contra el derecho humano fundamental de retirar tu fuerza de trabajo. Sin ese derecho, los trabajadores no son más que esclavos", subrayó.
El reto de reducir el déficit público
