
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentó hoy vencer las últimas reservas de la Eurocámara para cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que permitirá a la Administración Obama acceder a los datos bancarios de los europeos en el marco de la lucha contra el terrorismo.
"Estamos al final del camino, pero hasta que no se llega a la meta... Yo fui corredor de 100 metros lisos y sé que muchas carreras se pierden en el último metro", dijo el ministro a la prensa para ilustrar el estado de las negociaciones con el Parlamento.
Conocido con el nombre de Swift por el consorcio con sede en Bélgica que gestiona los datos, la Cámara de Estrasburgo ya tumbó un primer pacto en febrero porque ni fue consultada ni consideraba el texto lo suficientemente garantista para la privacidad de los ciudadanos.
A raíz de este rechazo, la Comisión Europea se comprometió a tener en cuenta las inquietudes de los eurodiputados en las negociaciones con Estados Unidos, que finalizaron a mediados de este mes de junio. La presidencia española de la UE pretende sacarlo adelante en el pleno que se celebrará la primera semana de julio en Estrasburgo para que el acuerdo entre en vigor en verano.
Peticiones "lo más específicas posible"
El resultado es un acuerdo que introduce como principal novedad que la agencia europea de cooperación policial, Europol, sea la encargada de verificar que las peticiones que hagan las autoridades norteamericanas "sean tan específicas como sea posible para minimizar la cantidad de datos que se transfieren" y que resulten "necesarias" para los fines que se persiguen, esto es, sólo en el marco de investigaciones antiterroristas.
Estados Unidos ha prometido que designará a un responsable encargado de analizar las actividades y que habrá auditores independientes para controlar la correcta aplicación del acuerdo y también ha ofrecido ayuda a la UE para crear su propio sistema de rastreo de financiación del terrorismo. El borrador del acuerdo prevé que el periodo de retención de datos sea de 5 años, igual que el de la directiva sobre blanqueo de capitales.
El grupo mayoritario de la Eurocámara, el PPE ya ha adelantado que dará su visto bueno al acuerdo tras los cambios introducidos para responder a las preocupaciones de los eurodiputados. Y también los socialistas podrían sumarse a los populares, a pesar de que el pasado 15 de junio el líder del Grupo socialista, Martin Schulz, expresó sus dudas sobre el papel de Europol y la eficacia del control europeo en el uso de los datos.
¿Un acuerdo con fecha de caducidad?
Aun así, en el debate mantenido este jueves en la comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE surgió otro foco de conflicto de la mano del ponente del texto parlamentario, el liberal alemán Alexander Alvaro, que cuestionó la duración del acuerdo y planteó cancelarlo a los tres años si la UE no logra montar su propio sistema de rastreo.
Rubalcaba replicó que el Consejo no es "en absoluto contrario" a crear un sistema europeo propio que impediría así la transferencia en masa de datos a Estados Unidos pero se negó a condicionar el acuerdo a esta circunstancia.
"No tiene sentido decirle a Estados Unidos que si no tenemos un sistema europeo, porque hemos sido incapaces de hacerlo, el acuerdo de cinco años pasa a ser de tres. Esto carece de sentido. No es razonable. Sí al acuerdo pero no a la condición", resumió el ministro.