El fin del secreto bancario fue anunciado este jueves públicamente por el primer ministro británico, Gordon Brown, y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, al término de la Cumbre que celebró en Londres el G-20.
Los países que asisten a esa Cumbre han expresado su voluntad de luchar contra el secreto bancario que mantienen algunos Estados y se han mostrado dispuestos a elaborar una "lista negra" de paraísos fiscales y debatir sanciones contra los países que no colaboran.
El estallido de la crisis financiera internacional no es ajeno a la voluntad del G-20, puesto que mientras muchos países se ven obligados a destinar cuantiosos fondos para rescatar a sus instituciones financieras, grandes sumas de capital escapan a la acción de los gobiernos debido a la evasión fiscal.
Refugio de ciudadanos
Los Estados que mantienen un alto grado de protección del secreto bancario obligan a las entidades a no revelar ningún tipo de información sobre las operaciones de sus clientes, salvo en casos de terrorismo o delitos graves, lo que favorece que se conviertan en refugio de ciudadanos de otros países para evitar pagar impuestos.
Actualmente, tres países de la UE mantienen el secreto bancario (Austria, Bélgica y Luxemburgo), además de Suiza, Mónaco, Andorra y Liechtenstein. A ellos hay que sumar otros estados fuera de Europa como Uruguay, Singapur, Hong-Kong y numerosas islas del Caribe.
Ninguno se sumó a la disposición que en julio de 2004 aprobó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el intercambio de información con fines fiscales, que prohibió que se invoque el secreto bancario para negarse a ofrecer datos en posesión de entidades financieras que sean necesarios para verificar la situación fiscal de una persona o una empresa en otro país.
Intercambio de información
En junio de 2005, la Unión Europea, que busca que desaparezca el secreto bancario en su ámbito, aprobó una directiva que estableció el intercambio automático de información entre las administraciones fiscales sobre los intereses de las cuentas bancarias en el extranjero.
Sin embargo, estableció un periodo de transición para los tres países con secreto bancario, que en vez de ceder la información aplican una retención en origen a los intereses que en 2011 alcanzará el 35 por ciento.
Los ingresos obtenidos se destinan en un 75% al país de origen del ahorrador, y el resto, al país de destino.
Este mismo sistema de retención es utilizado por los cinco países con los que se lograron acuerdos -Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino- y los diez territorios asociados o dependientes del Reino Unido ( Guernesey, Jersey, la Isla de Man, Anguila, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcos y Caicos e Islas Vírgenes Británicas) y Holanda (Antillas Holandesas y Aruba).
¿El fin del secreto bancario?
La crisis económica y la presión del G-20, liderado en este asunto por EEUU, Francia y Alemania, han provocado un cambio en las últimas semanas en los países defensores del secreto bancario.
El pasado 13 de marzo, Suiza accedió a flexibilizar el intercambio de información fiscal conforme a las reglas de la OCDE y además simplificará los procesos de intercambio de información en caso de sospechas fundamentadas y concretas.
Además, Suiza ampliará el intercambio de información con otros países "en determinados casos", aunque no cambiará las reglas para los contribuyentes domiciliados en su territorio.
Luxemburgo, Andorra, Bélgica, Mónaco y Liechtenstein se pronunciaron también en esa línea y anunciaron que se adaptarán, en mayor o menor medida, a la normativa de colaboración fiscal de la OCDE.
El caso de Suiza es paradigmático, porque desde que estableció en su legislación, en 1934, el secreto bancario, se ha consolidado como una de las grandes potencias financieras gracias a la capacidad de sus entidades para captar capitales de todo el mundo.
Hasta ahora, las leyes helvéticas sólo consideraban delito y garantizaban la cooperación con otros países en el caso de fraude fiscal -que implicaba actos como la falsificación o alteración de documentos o datos-, pero excluían de esa calificación a la evasión fiscal.
En febrero de este año, UBS, el mayor banco suizo, acordó entregar a las autoridades de EEUU los nombres de clientes estadounidenses acusados de defraudar al fisco de su país y pagar una multa de 790 millones de dólares por haber ayudado a unos 300 titulares de cuentas a cometer este delito.
Sin embargo, Washington no se dio por satisfecho y presentó una demanda civil contra el banco para obtener los datos de otras 52.000 cuentas, que contienen unos 14.800 millones de dólares en activos, a lo que se niega UBS amparándose en la legislación suiza sobre el secreto bancario.
