El presidente del FC Barcelona ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por Jordi Cases, socio culé y líder del movimiento Consulta Qatar (pide un 'referémdum' para aprobar o no el patrocinio de Catar al Barça) por apropiación indebida de 40 millones de euros en el fichaje del Neymar por la entidad culé.
Según revela este lunes El Mundo, Cases entiende que Rosell comete éste delito en su modalidad de "distracción del dinero" porque todavía no ha aclarado qué sucedió con esta cantidad, 40 millones de euros, que supuestamente cobró el jugador en concepto de comisión.
Cases entiende que o bien se lo ha quedado Rosell o ha permitido que se lo queden otros sin interferir en esta operación. Cabe recordar que oficialmente el Barça nunca ha desvelado el montante total de este fichaje amparándose en una cláusula de confidencialidad que, sin embargo, no ha podido tapar los datos más relevantes de este fichaje.
Si desde el Barça se afirma que Neymar ha costado sólo 57 millones, desde otras fuentes se cree que pudo llegar a costar, tal y como desveló EcoDiario.es, hasta 80 desgranados de la siguiente manera: 17,1 millones a Santos y los dueños a los derechos federativos del jugador.
Otros 7,9 millones de euros para tener un derecho preferencial por tres perlas del Santos. Otros 4,1 millones por el amistoso que disputará el Barça en Brasil contra el ex equipo de Neymar. A ello habría que sumar 10 millones de adelanto por el fichaje y los 40 millones de comisión que ahora denuncia Cases.
A estas cifras hay que dejar en el aire la posible indemnización de 16 millones que una de las empresas propietarias de Neymar reclama al club al entender que el fichaje, en verdad, costó más de los 57 millones comentados por el Barça, lo que podría disparar la cifra hasta los casi 95 millones de euros.
Sea como fuere, Cases entiende que el club debe aclarar qué sucedió con esos 40 millones porque, en caso de que realmente existieran y se pagaran al padre del jugador en concepto de comisión, éste y el club habrían incurrido en otro posible delito fiscal al no haber declarado estas cifras ante la Hacienda española.
Costó entre 80-95 millones
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