"En España, desde los primeros años de la democracia, hay un principio de confidencialidad de los datos de los contribuyentes. Nosotros hemos modificado en relación a la publicidad de las sentencias de delitos de fraude. Cumpliendo la legalidad, y con independencia de los nombres, hay que investigar si hay indicios de hecho delictivo", dice Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno afirma que tienen que cumplir las leyes tal y como fueron aprobadas, y eso implica que hay confidencialidad de datos de los investigados.