El nuevo sistema de protección de la infancia parte de la situación de riesgo, que ahora se define con un rango nacional. "Estas situaciones se detectan por servicios municipales. Cuando esto sucede, se realiza un proyecto de intervención socio-familiar adaptado al menor, y son las CCAA las que declaren la situación de desamparo", continúa el ministro.
"El proyecto establece que la situación económica de la familia nunca es un motivo para declarar la situación de desamparo", puntualiza Alonso.
El objetivo principal tras declarar el desamparo, será que el menor permanezca en su familia de origen, si esto es posible.