"Ha trasladado a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que el mismo presidente no asume por fórmulas por escrito. Está descargando el proceso a funcionarios, y nuestra obligación es dar a esas personas tranquilidad. Hemos encargado un informe sobre estas actividades para estudiar si pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional. A los ciudadanos no se les puede imponer obligaciones que les generen dudas, miedos e inseguridades porque el presidente de la Generalitat decide no asumir la ilegalidad del proceso. Se está transfiriendo a los ciudadanos una responsabilidad que la Generalitat no quiere asumir por escrito", afirma la vicepresidenta.