"El Estado se reserva la posibilidad de retener o deducir los gastos por la escolarización privada de aquellos alumnos que así lo hayan decidido para recibir la enseñanza con el castellano como lengua vehicular". "No hay confiscación competencial alguna. Habrá comunidades que la recurrirán, como Cataluña. Pero el Gobierno está muy tranquilo".