La nueva ley establece el acceso gratuito a la justicia, independientemente de su renta, a víctimas de terrorismo, violencia de género, trata de personas y menores.
También a personas jurídicas como sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios para sus actividades, a la Cruz Roja, a entidades de defensa de los discapacitados y a asociaciones de víctimas del terrorismo.