El ministro de Interior asegura que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado actúan bajo el marco de la ley y que la justicia siempre actúa en estos casos. Una respuesta que contesta al informe encargado por el Gobierno vasco que cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.