El Parlamento de Bahréin ha aprobado nuevas medidas contra lo que ha descrito como "actos terroristas contra la seguridad del país" de cara a las manifestaciones antigubernamentales convocadas para el mes de agosto.
En una sesión extraordinaria celebrada durante la jornada, ha aprobado la retirada de la ciudadanía a cualquier persona en base a motivos de seguridad y ha solicitado la prohibición de toda manifestación en la capital, Manama, según ha informado la agencia estatal de noticias bahreiní, BNA.
"Todas las medidas necesarias para imponer la seguridad y la paz social, incluyendo la Ley de Seguridad Nacional, han de ser implementadas en caso de que se viole la ley o en la que la seguridad de la gente y de los intereses privados y públicos sean atacados", ha indicado el Parlamento a través de un comunicado.
La Ley de Seguridad Nacional fue impuesta en marzo de 2011 tras varias semanas de manifestaciones contra el Gobierno en el país y conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas. La medida fue levantada en junio.
Asimismo, el Parlamento ha resaltado que las fuerzas de seguridad deben de contar "con las prerrogativas apropiadas y necesarias para proteger a la sociedad", según ha recogido el diario emiratí 'Gulf News'.
Por otra parte, ha solicitado a los embajadores y diplomáticos extranjeros no interfieran en los asuntos internos "en línea con el Derecho Internacional y las tradiciones", al tiempo que ha dicho que los discursos en público "han de ser moderados y estar destinados a preservar la cohesión social".
En este sentido, el Parlamento ha advertido de que tomará medidas legales contra "toda aquella persona que utilice ilegalmente las redes sociales para publicar información falsa a entidades extranjeras que mantengan sentimientos negativos hacia Bahréin".
Por último, ha matizado que los derechos fundamentales de la población no han de verse afectados por tales medidas, si bien ha recalcado que las fuerzas de seguridad han de actuar para hacer frente a cualquier situación "por el bien público".
CONTEXTO POLÍTICO
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población".
El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.
