Los jueces indagan si el arbitraje multimillonario que el empresario ganó al Estado lo urdió el Elíseo. En las últimas semanas, casi no pasa un día sin que el caso Tapie dé nuevos titulares a la prensa francesa, que habla ya de un escándalo de Estado en toda regla. La investigación judicial dio un vuelco tras la imputación del exdirector de gabinete de Christine Lagarde, el actual consejero delegado de Orange, Stephane Richard, por sospechas de estafa en banda organizada.
Los jueces a cargo de la investigación tienen la certeza de que fue fraudulento el proceso de arbitraje, por el cual el Estado francés tuvo que pagar unos 400 millones de euros al empresario Bernard Tapie para cerrar un viejo litigio que se remontaba a los años noventa. Con tres imputados por estafa en banda organizada, los jueces buscan saber quién dio las órdenes y sus miradas apuntan al Elíseo y al expresidente Nicolas Sarkozy.
El litigio entre el Estado francés y Bernard Tapie, un mediático empresario con buenas conexiones políticas -en particular con la derecha francesa-, llevaba quince años empantanado en los tribunales cuando Nicolas Sarkozy llegó al poder en 2007. El asunto se remonta a principios de los años noventa, cuando Tapie entró a formar parte del Gobierno del presidente socialista François Mitterrand y, para evitar un conflicto de intereses, decidió vender sus acciones de la marca deportiva Adidas.
El banco Crédit Lyonnais, por aquella época entidad pública, gestionó la venta y se hizo con parte de las acciones a través de un opaco montaje financiero. Un año después, el banco revendió esas acciones por un precio muy superior. Tapie denunció que lo habían estafado e inició un largo proceso de demanda de indemnización.
La Justicia francesa desestimó en 2006 los reclamos de Tapie en contra del Estado, pero a la llegada de Nicolas Sarkozy al poder apenas un año después, el nuevo Gobierno decidió someterse a un arbitraje para poner punto final al caso de una vez por todas. Este tipo de proceso, habitual en caso de litigios comerciales, lo es menos cuando se ve implicado el Estado. Y es aquí donde empiezan las sospechas alimentadas por el pago de una indemnización multimillonaria.
Christine Lagarde, entonces ministra de Economía del Ejecutivo de Sarkozy, mantiene que fue ella quien tomó la decisión de aceptar el arbitraje y que no hubo orden por parte del Elíseo. Cuando el tribunal de arbitraje falló a favor de Tapie y condenó al Estado francés a pagarle 285 millones de euros de indemnización más intereses, Lagarde decidió no recurrir ante los tribunales judiciales porque, como ella misma dijo, le pareció que era "la mejor solución" para cerrar el asunto, pese a que varios informes jurídicos de su propio ministerio decían que el Estado tenía las de ganar frente a Tapie.
De momento, los jueces del Tribunal de Justicia de la República que investigan a Lagarde no encontraron pruebas suficientes para imputar a la exministra que recibió el estatus de testigo asistido.
Su exdirector de gabinete no corrió la misma suerte. Los jueces encargados de la investigación sobre una posible estafa financiera imputaron a Stephane Richard, el actual consejero delegado de Orange, la primera telefónica francesa. Además de Richard, también imputaron a Pierre Estoup, uno de los jueces del arbitraje que otorgó la millonaria indemnización, cuyas estrechas relaciones con Tapie y sus abogados levantaron sospechas.
Pese a su imputación, Richard salvó su cabeza al frente de Orange, antiguamente France Telecom. El presidente Hollande anunció que no pediría su dimisión para no "desestabilizar" a la firma, cuyo primer accionista es el Estado.
Pero los tentáculos del escándalo Tapie se extienden. Según reveló la prensa, durante su interrogatorio con los agentes de la brigada financiera, el actual patrón de Orange, Stephane Richard, habría reconocido que el arbitraje se concertó en el Elíseo, en una reunión organizada en 2007 por Claude Guéant, el secretario general de Nicolas Sarkozy, más tarde nombrado ministro de Interior.
Guéant sería el próximo en la lista de los jueces, de hecho, que lo llamen los jueces se da casi por descontado. Pero, aunque las sospechas recaigan sobre Nicolas Sarkozy como encargado de ordenar el arbitraje fraudulento, el exmandatario está a salvo, gracias a la inmunidad presidencial, que ampara las decisiones tomadas durante el ejercicio de sus funciones.
Aunque Sarkozy no tenga que responder por el caso Tapie, el escándalo podría convertirse en una mancha incluso más grave que la del asunto Bettencourt, por el que se encuentra imputado bajo sospechas de abusar de la debilidad de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, para obtener fondos para su campaña electoral de 2007.
Sarkozy sigue siendo el líder más popular entre los simpatizantes de una derecha dividida por las luchas de sucesión y gangrenada por la corrupción. Este nuevo escándalo deja una vez más a la luz las estrechas relaciones entre el poder económico y político bajo su presidencia.
Posible papel de Sarkozy en el 'Caso Tapie'