Los socialistas se dividen ante el proyecto de reforma laboral y los posibles cambios en las pensiones. Hollande, el presidente más impopular en veinte años
La necesidad de aprobar reformas estructurales para salir de la crisis y frenar la subida del paro está poniendo a prueba la unidad de los socialistas franceses a menos de un año de la llegada al poder del presidente François Hollande. En los últimos días aumentó la brecha entre los diputados del ala izquierda del partido, quienes demostraron abiertamente su descontento con las reformas del Gobierno, y el sector más centrista que pidió acelerar el ritmo de los cambios.
El presidente está atrapado entre los dos bandos y bajo presión por parte de Bruselas para que demuestre su voluntad de llevar a cabo reformas estructurales. A cambio, París tendría más tiempo para cumplir con su compromiso de reducir el déficit al 3 por ciento del PIB, algo que no se conseguirá este año, como ya reconoció el Ejecutivo. Entretanto, los últimos sondeos demuestran que la popularidad de Hollande registró a principios de este mes una caída récord.
Para los diputados socialistas del ala más izquierdista del partido, la luz verde al proyecto de reforma laboral la semana pasada fue la gota que rebalsó el vaso. Un pequeño grupo se acercó a apoyar a los manifestantes que salieron a protestar en contra de la reforma en más de un centenar de marchas a través de toda Francia. Mientras que cuatro sindicatos y los partidos de la izquierda radical denuncian el texto de la reforma y su principio de "flexiseguridad", el Gobierno pide a los diputados de su mayoría que lo voten sin cambiar una coma. "No podemos automutilar nuestras funciones. ¿Para qué estamos aquí sino? ¿Para entregar legiones de honor?", se quejó el parlamentario Pascal Cherki, quien aseguró que piensa presentar enmiendas al proyecto de reforma cuando llegue al Parlamento el próximo 2 de abril.
Carta pública
Es una posición muy diferente a la de un grupo de cien parlamentarios socialistas, que apenas unos días antes publicaron una carta abierta en el periódico Journal du Dimanche apoyando al Ejecutivo y declarándose a favor de aprobar el texto de la reforma laboral, basado en el acuerdo entre tres sindicatos y la patronal francesa. "Nuestro poder consiste en respetar la vía elegida por los agentes sociales y transformar en ley el acuerdo al que llegaron, sin modificar su equilibrio", escribieron los diputados en su columna.
Hollande tiene un mes para limar asperezas con los parlamentarios antes de que dicho texto llegue al Parlamento. Mientras tanto, ya se vislumbra un nuevo y peligroso frente de batalla, el de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo empezó a preparar el terreno para una nueva reforma que planea abordar durante la segunda mitad del año y que no descarta cuestiones espinosas como la posibilidad de un nuevo aumento en la edad de la jubilación o los años cotizados. "Es una de las posibilidades sobre la mesa", reconoció el ministro de Trabajo, Michel Sapin. Y un nuevo elemento de discordia entre los socialistas. Mientras unos piden que se acelere esta reforma, otros dicen que no es una prioridad.
El diputado por París, Jean Marie Le Guen, uno de los pesos pesados de la mayoría socialista, pidió a Hollande que adelante a 2015 la entrada en vigor de la jubilación a los 62 años. Según el parlamentario, esto permitiría ahorrar varios miles de millones de euros. "No debemos hacer lo contrario de lo que pedíamos en 2010. Debemos mantener la coherencia", dijo en cambio la diputada Marie-Noëlle Lienemann, una de las representantes de la facción izquierda del partido que se opone a abrir la explosiva reforma de las pensiones.
De momento, François Hollande y su Gobierno se preparan para la batalla. El primer ministro Jean Marc Ayrault nombró a una comisión de diez expertos encargados de presentar un informe con propuestas a finales de junio. Ninguna decisión se tomará hasta entonces, aunque la perspectiva de una reforma parece inevitable. Según cifras oficiales, de no tomarse medidas, el déficit del sistema de pensiones alcanzará los 18.000 millones de euros en 2017, al término del mandato de Hollande, y podría superar los 20.000 millones de euros en 2020.
Además de aumentar la edad de la jubilación, los años de aporte o las cotizaciones patronales, otra de las pistas sobre la mesa es desindexar las pensiones. Una de las opciones que el Gobierno podría adoptar y que el ala izquierda del partido rechaza de manera tajante.
Entidades
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