El Parlamento Europeo aprobará este miércoles definitivamente la imposición de sanciones administrativas y, en algunos casos, penales a los empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación irregular.
Los principales grupos han expresado ya su apoyo al acuerdo pactado por el ponente de la directiva en la Eurocámara, el socialista italiano Claudio Fava, con los gobiernos de la Unión Europea, que tendrán un máximo de dos años para introducir las sanciones en su legislación.
La propuesta obligará a los Estados miembros de la UE a aplicar unas sanciones mínimas a escala comunitaria a las personas físicas o jurídicas que contraten a personas en situación irregular. Estas incluyen desde multas en las que se incluiría el coste de la repatriación del trabajador hasta la pérdida de subsidios y la imposibilidad de optar a ayudas públicas en un plazo de cinco años.
Además, el empresario tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y estará obligado al pago automático de los salarios atrasados.
Sanciones penales
La directiva contempla sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si contratan a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona empleada es víctima del tráfico de seres humanos y su empleador lo sabe o si se trata de un menor.
Sin embargo, las sanciones penales han recibido las críticas de algunos diputados, que consideran que la norma europea podría entrar en colisión con las competencias nacionales. Entre ellos Ecuador, que considerá que favorecerá la explotación laboral y cerrará completamente las puertas de empleo a los inmigrantes irregulares.
