La trama de espionaje dentro del PP madrileño podría haber sido legal y coordinada por un 'CNI'. Miembros del gobierno de Aguirre habrían estudiado la posibilidad de crear un servicio de información secreto pero legal y de ámbito autonómico para ofrecer seguridad a los altos miembros del gabinete ante la posibilidad de un espionaje interno.
Se trataría del proyecto SEDE - Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos-, una iniciativa desarrollada por Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta durante la era Aznar, según informa el diario El País.
El objetivo de este servicio, sería contrarrestar una presunta campaña de desprestigio a base de informes negativos dentro del propio partido. En junio de 2008 Moro y González se citaron para concretar este servicio que legalizase una actividad que podría estar desarrollándose dentro del partido de forma secreta.
Legalizar tramas y subtramas de espionaje
Por ello, los impulsores de la iniciativa no querían contar ni con ex policías ni con ex guardia civiles. A este respecto, un ex inspector de la Policía asegura que realizaba informes sobre la alta cúpula popular para Francisco Granados, pero éste lo niega y a su vez lo acusa de contraespionaje.
Según asegura el medio citado, el proyecto se consideró finalmente no "conveniente" y podría haber sido rechazado por el encargado de aprobarlo, el propio Granados.
Entidades
Los implicados en el espionaje