La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) considera que el nuevo modelo de financiación autonómica debe introducir reformas "sustanciales" y no limitarse a seguir la "dinámica" de las últimas modificaciones, según la que "la Administración central debe aportar cada vez más fondos y ninguna comunidad autónoma puede perder recursos".
FAES recuerda que el sistema de financiación incide sobre la calidad de los principales servicios públicos y el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad y autonomía, por lo que recomienza a los principales partidos políticos alcanzar un pacto de Estado sobre este tema.
Autonomía sostenible
La Fundación presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar considera que un sistema de financiación autonómica "sostenible" a largo plazo debería reforzar el mecanismo de rendición de cuentas ante los ciudadanos. Para ello, propone dotar a las comunidades de instrumentos "más adecuados" para que puedan reclamar a los ciudadanos impuestos según los intereses o necesidades de sus poblaciones y que la gente pueda conocer "con claridad" el destino de estos impuestos.
Estas son algunas de las conclusiones que FAES obtiene de una reunión de su Observatorio Económico celebrada el pasado mes noviembre y en la que participaron el doctor en Economía Ángel de la Fuente, el catedrático emérito de la Hacienda Pública José Barea, el presidente de la Asociación de Autopistas de Peaje (Aseta), José Luis Feito, y el catedrático de la Hacienda Pública y Régimen Fiscal Juan José Rubio.
Beneficios políticos
"Las comunidades autónomas tendrían que internalizar, junto con los beneficios políticos del gasto, los costes políticos de cobrar impuestos de forma visible", sostiene tras proponer una transformación del actual sistema de cesión de porcentajes de recaudación de impuestos.
A su juicio, el Estado y las autonomías deberían tener su correspondiente capacidad normativa en sus respectivos tramos impositivos. "Este tipo de actuaciones requerirían de forma complementaria campañas de información ciudadana y que la existencia de estos dos tramos se explicite en todos los recibos y facturas que reciban los ciudadanos en sus actuaciones frente a la administración tributaria", argumenta.
Desigualdades
FAES insiste en la necesidad de que el sistema de financiación autonómica garantice la igualdad entre los españoles en el acceso a los servicios públicos y reconoce que, aunque "la filosofía básica" del actual modelo es "correcta" al pretender nivelar los recursos disponibles en las diferentes comunidades, su instrumentación "plantea algunas ineficiencias" que provocan que todas las autonomías no puedan gozar de recursos similares.
Por ello, plantea algunas cuestiones que a su juicio deberían introducirse en la reforma, como que el modelo tenga en cuenta el peso de la población, la proporción de su ciudadanía tanto en edad escolar (por su coste educativo) como de personas mayores (por su coste sanitario), o los niveles de precios y renta que afectan directamente al coste de provisión de los servicios públicos. Además, sostiene que el cálculo debería ser actualizado anualmente.
El marco de competencia
FAES arremete en sus conclusiones también contra la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña y asegura que sus disposiciones suponen "un peligro" para el principio de igualdad. "Se pretenden restringir la solidaridad interterritorial a los servicios públicos esenciales y que se limite la distribución territorial --argumenta--. El nuevo estatuto catalán también limita la eficiencia del gasto público al condicionar políticamente su reparto territorial".
La Fundación aborda también la situación económica y su incidencia en las comunidades y los municipios y apuesta por aclarar el marco competencial entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar que cada una cuenta los recursos suficientes para el servicio que presta a los ciudadanos.
Gobiernos locales
En este punto, destaca la necesidad de dotar a los gobiernos locales de una financiación acorde con las competencias "realmente ejercidas y con aquellas susceptibles de ser asumidas" y que se les aplique los principios de autonomía política y financiera. De esta forma, asume que existe "un desajuste creciente" entre las competencias realmente ejercidas por los municipios y las que tienen transferidas.
Por ello, defiende que el modelo de financiación municipal necesita "ajustes estructurales y no la mera aportación de recursos coyunturales como consecuencia de las tensiones generadas por la crisis" y propone algunas reformas como la revisión "integral" del sistema tributario municipal para incrementar su corresponsabilidad fiscal.
FAES también considera que el nuevo modelo de financiación local debe aumentar la capacidad de las tasas "para cubrir los correspondientes servicios susceptibles de ser financiados" y tener en consideración la diversidad de ayuntamientos a la hora de aumentar su capacidad de autogestión.
